Autoridades detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Raúl Piña Horta, exdiputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exfuncionario del Gobierno del Estado de México, señalado por su probable participación en una presunta red de extorsión contra propietarios de Centros de Verificación Vehicular de la entidad.
La detención ocurrió la mañana del lunes 10 de agosto en la colonia Club Deportivo, en Acapulco de Juárez, de acuerdo con la información consignada en el Registro Nacional de Detenciones. En el mismo caso también fue asegurado Carlos Eduardo Solares Vega, quien se desempeñaba como director de Control de Emisiones a la Atmósfera en el Estado de México, por su probable participación en los hechos investigados.
La investigación deriva de denuncias presentadas por empresarios del sector de verificentros, quienes señalaron ante autoridades estatales y federales presuntas irregularidades relacionadas con la operación y permanencia de estos establecimientos.
Los denunciantes, agrupados en la Asociación Ecológica de Verificación y la Asociación de Verificentros del Estado de México, expusieron desde junio que presuntamente se les estaban imponiendo pagos periódicos a cambio de mantener vigentes las autorizaciones necesarias para continuar con sus actividades.
De acuerdo con la denuncia referida por medios locales, los empresarios señalaron que Raúl Piña Horta y otras personas presuntamente vinculadas con el Partido Verde Ecologista de México habrían exigido pagos mensuales a 145 de los 168 verificentros que operan en el Estado de México.
Las cantidades denunciadas oscilarían entre 100 mil y 250 mil pesos mensuales por establecimiento, dependiendo del número de líneas o carriles de verificación con los que contara cada centro. Según los empresarios, la negativa a cubrir esos pagos habría derivado en amenazas de revocar las autorizaciones o imponer obstáculos administrativos para impedir la operación de los establecimientos.
A esta presunta cuota mensual se habría sumado una exigencia extraordinaria de 500 mil pesos por cada línea o carril de verificación, pago que, según los denunciantes, debía realizarse antes de diciembre de este año bajo la amenaza de no revalidar los permisos necesarios para operar durante 2027.
Los empresarios sostuvieron que un verificentro cuenta, en promedio, con seis líneas de revisión, por lo que la cantidad solicitada representaría una carga económica considerable para los establecimientos. También señalaron que durante años han cumplido con los permisos, certificaciones, disposiciones administrativas y demás obligaciones establecidas por las autoridades para mantener sus operaciones.
En su denuncia, los propietarios describieron los pagos presuntamente exigidos como cuotas ilegales y los compararon con un esquema de cobro de piso, al considerar que su permanencia en el mercado estaría condicionada al cumplimiento de exigencias económicas ajenas a las obligaciones oficiales.
La relevancia del caso radica además en los cargos que ocupaban algunos de los señalados. Raúl Piña Horta fue diputado federal por el PVEM durante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. Documentos oficiales del Congreso de la Unión registran su participación como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde y diversas iniciativas presentadas a su nombre durante ese periodo.
En años posteriores, Piña Horta ocupó cargos dentro de la estructura ambiental del Estado de México. Un comunicado conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ciudad de México y el Estado de México publicado en mayo de 2026 lo identificó como director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del gobierno mexiquense. El mismo documento identificó a Carlos Eduardo Solares Vega como director de Control de Emisiones a la Atmósfera.
La relación de ambos funcionarios con las áreas responsables de la regulación ambiental y de las emisiones vehiculares resulta relevante para la investigación, debido a que los Centros de Verificación Vehicular están sujetos a autorizaciones, controles técnicos y disposiciones ambientales para poder prestar el servicio.
El caso se produce en un momento en el que la operación de los verificentros constituye una pieza relevante de las políticas de control de emisiones contaminantes en el Estado de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México. La autoridad ambiental mexiquense participa junto con dependencias federales y de la Ciudad de México en la coordinación de políticas de calidad del aire y control de emisiones.
La investigación deberá determinar ahora el alcance de las presuntas conductas atribuidas a los detenidos, así como establecer si existió una estructura organizada para exigir los pagos denunciados y si estos recursos fueron efectivamente entregados. La detención, por sí misma, no constituye una sentencia ni acredita responsabilidad penal, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar la situación jurídica de los señalados conforme avance el procedimiento.
El caso también coloca bajo escrutinio los mecanismos mediante los cuales se autorizan, supervisan y renuevan los permisos de los verificentros mexiquenses, particularmente ante las acusaciones de que las autorizaciones habrían sido utilizadas como mecanismo de presión para exigir pagos.
La acusación de los empresarios apunta a un posible esquema que habría aprovechado la dependencia de los establecimientos respecto de sus autorizaciones administrativas. Según su versión, el riesgo de perder la posibilidad de operar habría sido utilizado como instrumento de presión para obtener pagos periódicos y extraordinarios.
Por ahora, el elemento confirmado es la detención de Piña Horta y la investigación en la que también aparece Solares Vega. El exlegislador cuenta con antecedentes documentados como integrante de la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados, mientras que documentos oficiales recientes acreditan que ambos ocupaban posiciones dentro de la estructura ambiental mexiquense.
El proceso penal deberá esclarecer si las acusaciones de los empresarios corresponden a una red de extorsión y, en su caso, quiénes más participaron, qué cantidades fueron recaudadas y si existieron funcionarios o particulares que facilitaron el supuesto esquema. Hasta que exista una resolución judicial, los involucrados deben ser considerados inocentes conforme al principio de presunción de inocencia.
