Estados Unidos planea extender a tierra firme los ataques contra el narcotráfico en Latinoamérica, práctica que ya ejecuta en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, informó en Panamá el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El Gobierno del Presidente Donald Trump lanzó en septiembre pasado una campaña de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico oriental, que hasta la fecha suma al menos 215 muertos.
Los planes de operaciones antidrogas terrestres se enmarcan en una alianza de 19 países liderada por Trump, aunque podrán extenderse a cualquier territorio donde operen grupos del narcotráfico, señaló Hegseth a periodistas que lo acompañan en Panamá.
El funcionario indicó que, a corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto a sus aliados una capacidad operativa similar a la utilizada en los ataques contra lanchas de droga en el Caribe y el Pacífico.
“El mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra”, afirmó Hegseth la noche del miércoles en un punto no identificado de la selva panameña.
El jefe del Pentágono viajó a Panamá para participar en ejercicios militares que reúnen anualmente a una veintena de países.
“Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, son un objetivo, igual que ISIS o Al Qaida”, agregó el funcionario, vestido con camiseta verde olivo y rodeado de militares.
La Coalición Anticárteles de las Américas agrupa a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, con gobiernos de derecha.
Hegseth afirmó que la advertencia a los cárteles aplica “desde el tráfico de cocaína hasta el fentanilo en las plazas de México”, además de los remanentes de las guerrillas colombianas, a quienes calificó como “objetivos legítimos”.
México, donde operan organizaciones criminales de alto poder, no forma parte de la alianza.
El funcionario defendió la letalidad de los ataques contra las presuntas narcolanchas, que juristas y organizaciones de derechos humanos han señalado como posibles ejecuciones extrajudiciales.
“No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados. Vamos a destruir estas redes con todas las capacidades del Gobierno estadounidense”, declaró.
