La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este miércoles la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de contemplar nuevamente un seguro de gastos médicos mayores privado para funcionarios del Poder Judicial, prestación que sería financiada con recursos públicos.
Durante su conferencia matutina de este 19 de agosto de 2026, la mandataria calificó la medida como un “privilegio” y sostuvo que los altos funcionarios de la Corte cuentan con ingresos suficientes para contratar una póliza médica privada con sus propios recursos.
La polémica surgió a partir del anteproyecto de presupuesto de la SCJN para 2027, que contempla un aumento de recursos y reabre el debate sobre las prestaciones de los altos mandos del Poder Judicial.
¿Por qué Sheinbaum criticó a la Suprema Corte?
El conflicto comenzó después de que se conociera que el Pleno de la SCJN aprobó, por mayoría de seis votos y en una sesión privada, solicitar un presupuesto de 6 mil 104 millones de pesos para 2027, lo que representa un incremento superior al 17 por ciento.
Dentro de la propuesta se contemplaba destinar recursos públicos para contratar nuevamente un Seguro de Gastos Médicos Mayores para más de 300 funcionarios de mandos medios y superiores.
La prestación había sido eliminada a finales de 2025 como parte de las medidas de austeridad implementadas en el Poder Judicial.
Sheinbaum cuestionó que el erario vuelva a financiar este tipo de prestaciones para funcionarios con salarios elevados.
“No está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores”, afirmó la presidenta.
La mandataria incluso ironizó sobre los cambios que, según dijo, experimentan algunos funcionarios al llegar a la Corte y señaló que el edificio “ha de estar embrujado por los espíritus del pasado”.
#ÚLTIMAHORA | @Claudiashein criticó a los ministros de la Suprema Corte por la posibilidad de contratar seguros de gastos médicos mayores.
— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 19, 2026
“¿No sé qué les pasa cuando entran a ese edificio? Como que se transforman, ha de estar embrujado”, ironizó la presidenta, al cuestionar los… pic.twitter.com/OT9YTh41Yx
La Corte da marcha atrás con seguro para ministros
La discusión tomó fuerza después de que la ministra Lenia Batres hiciera pública la propuesta presupuestal y votara en contra de la contratación del seguro, junto con el ministro Irving Espinosa.
Ante las críticas y la presión pública, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) determinó finalmente que las ministras y los ministros de la Suprema Corte no tendrán un seguro de gastos médicos mayores privado financiado por el erario en 2027.
Sin embargo, el debate no quedó completamente cerrado, ya que permanece bajo discusión la situación de otros funcionarios de alto rango del Poder Judicial.
¿Qué es el seguro de gastos médicos mayores?
El Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM) es una póliza privada que permite cubrir los costos derivados de enfermedades graves, accidentes, hospitalizaciones, cirugías y tratamientos médicos especializados.
En el caso de los funcionarios públicos, la controversia se centra en que este tipo de pólizas son pagadas con recursos del presupuesto y permiten acceder a servicios médicos privados sin que el servidor público tenga que asumir directamente el costo.
Antes de que esta prestación fuera eliminada, el gasto promedio para mantener estas pólizas ascendía a 36 mil 906 pesos mensuales por ministro, de acuerdo con la información proporcionada.
Sheinbaum cuestiona privilegios médicos en el Poder Judicial
La presidenta sostuvo que los funcionarios con mayores ingresos tienen la posibilidad de contratar por cuenta propia un seguro privado, por lo que consideró injustificado que el Estado cubra este gasto.
El planteamiento forma parte de la disputa más amplia entre el gobierno federal y el Poder Judicial en torno al uso de recursos públicos, los salarios y las prestaciones de sus integrantes.
El caso del seguro médico se convirtió así en uno de los primeros puntos de tensión alrededor del presupuesto de la Suprema Corte para 2027, mientras continúa el debate sobre qué prestaciones deben mantenerse para los altos funcionarios y cuáles deben desaparecer bajo el principio de austeridad.