El alcalde de Paraíso, Tabasco, Alfonso Baca Sevilla, reapareció públicamente para rechazar que haya huido de las autoridades tras el operativo Enjambre desplegado por la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio y aseguró que actualmente se encuentra en la Ciudad de México, desde donde prepara su defensa jurídica y promete regresar a Tabasco una vez que concluya sus compromisos.
La declaración ocurre dos días después del despliegue federal que incluyó cateos en inmuebles relacionados con el presidente municipal y funcionarios de su administración, así como la detención de colaboradores del Ayuntamiento. El operativo convirtió al gobierno municipal de Paraíso en el centro de una investigación federal cuya dimensión, hasta ahora, ha sido conocida principalmente a partir de la propia declaración del alcalde, debido a que la FGR no ha hecho públicos todos los detalles de la carpeta de investigación.
Baca Sevilla, integrante de Movimiento Ciudadano, sostuvo que no se dio a la fuga para evitar a los agentes federales. Explicó que desde la tarde del martes 17 de agosto se trasladó a la capital del país por compromisos de trabajo y asuntos personales, y afirmó que su ausencia de Paraíso coincidió con el despliegue de las autoridades.
“Es falso que me hubiera dado a la fuga”, afirmó el edil en un mensaje difundido durante una conferencia de prensa de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano. De acuerdo con su versión, su traslado a la Ciudad de México ocurrió antes del operativo realizado en Paraíso y no como consecuencia de éste.
La investigación que ahora enfrenta, según lo revelado por el propio presidente municipal, está contenida en la carpeta FED/TAB/BHS/0000749/2026. Baca Sevilla aseguró que, tras conocer la existencia de las diligencias, contrató a un abogado penalista para revisar el expediente, conocer con precisión los señalamientos y construir su estrategia de defensa.
El alcalde señaló que en la investigación aparecen seis delitos que, de acuerdo con la información que recibió, son uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de arma de fuego sin licencia, portación de armas reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos.
Es importante precisar que estos señalamientos fueron expuestos públicamente por Baca Sevilla al referirse a la carpeta que, según dijo, lo involucra a él, a servidores públicos del Ayuntamiento y a personas externas. Hasta ahora, la información pública disponible no muestra un pronunciamiento detallado de la FGR que confirme de manera individual las imputaciones contra el alcalde en los términos planteados por él. Por ello, los delitos deben entenderse como parte de una investigación y no como hechos acreditados judicialmente.
Frente a la gravedad de los señalamientos, Baca Sevilla negó categóricamente haber cometido las conductas que se investigan y aseguró que demostrará su inocencia por las vías legales.
El presidente municipal también cuestionó la manera en que fueron ejecutados los cateos realizados durante el Operativo Enjambre. Sostuvo que las órdenes judiciales presentaban, desde su perspectiva, irregularidades relacionadas con la identificación de los inmuebles, las personas buscadas, los objetos de las diligencias y otros elementos que, afirmó, deberían estar especificados conforme al artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El alcalde acusó además que el despliegue de las autoridades fue desproporcionado y que detrás de la actuación existe una intención política para afectar su reputación y la imagen de su administración.
Baca Sevilla habló incluso de una presunta instrumentalización de las instituciones de procuración de justicia. Desde su perspectiva, el operativo no solamente tiene una dimensión jurídica, sino también política, pues consideró que la exposición pública de las diligencias puede provocar un daño a su imagen antes de que exista una resolución judicial sobre su responsabilidad.
La acusación de persecución política fue retomada por Movimiento Ciudadano en Tabasco. Durante la conferencia de prensa en la que se difundió el mensaje del alcalde, el diputado local Pedro Palomeque Calzada dio lectura al posicionamiento de la dirigencia estatal, legisladores, presidentes municipales y estructuras del partido.
El emecista sostuvo que debe prevalecer la presunción de inocencia mientras no existan elementos que acrediten la responsabilidad de Baca Sevilla y de las demás personas involucradas. También calificó de políticos los posibles motivos detrás del operativo y expresó el respaldo de la estructura estatal de Movimiento Ciudadano al alcalde.
La postura partidista se produjo en un contexto especialmente delicado para el Ayuntamiento de Paraíso. El miércoles 19 de agosto, elementos de la FGR desplegaron un operativo en distintos puntos del municipio. Las diligencias incluyeron cateos en inmuebles vinculados con el alcalde y otros funcionarios, mientras que diversas personas relacionadas con la administración municipal fueron detenidas.
Entre los detenidos fue identificado Edison García Wilson, director de Obras Públicas del Ayuntamiento. También fueron reportadas otras detenciones de personas relacionadas con la administración municipal y con el entorno de funcionarios, aunque durante las primeras horas del operativo las autoridades no habían difundido públicamente un balance completo de las acciones.
Uno de los inmuebles relacionados con Baca Sevilla fue cateado y posteriormente quedó asegurado. Las acciones federales también alcanzaron propiedades vinculadas con integrantes de su equipo cercano, en un despliegue que generó preocupación entre trabajadores del Ayuntamiento y habitantes del municipio.
La propia autoridad estatal confirmó que en Paraíso se desarrollaba un Operativo Enjambre coordinado por la FGR. El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landero, confirmó la participación de fuerzas federales, aunque inicialmente señaló que no contaba con información precisa sobre la identidad de todas las personas detenidas ni sobre los detalles de la investigación federal.
En las primeras horas posteriores al operativo, la ausencia del alcalde alimentó versiones sobre una posible fuga. Incluso algunos reportes periodísticos señalaron que Baca Sevilla habría evadido el despliegue federal junto con integrantes de su familia. Sin embargo, el propio edil salió posteriormente a explicar que se encontraba en la Ciudad de México y negó que su traslado tuviera como propósito evadir a la justicia.
Su explicación no significa que la investigación haya quedado sin efecto. La existencia de diligencias federales y la situación jurídica que enfrenta deberán determinarse conforme avance el procedimiento y las autoridades competentes informen oficialmente sobre las órdenes de aprehensión, los delitos investigados y las actuaciones judiciales correspondientes.
Mientras tanto, el alcalde asegura que regresará a Paraíso. No estableció una fecha precisa para su retorno, pero afirmó que una vez concluidos sus compromisos institucionales y personales en la capital del país se presentará nuevamente en el municipio y continuará atendiendo el caso por la vía legal.
“Paralelamente atenderé esta situación por la vía jurídica y demostraré mi inocencia y la de mis compañeros servidores públicos”, sostuvo el presidente municipal.
La incertidumbre alcanza también al funcionamiento cotidiano del Ayuntamiento. El secretario municipal, Carlos Alberto Ramón Güemes, aseguró que Baca Sevilla está preparando su defensa y que la administración continúa trabajando, aunque reconoció que el operativo generó preocupación e inquietud entre quienes integran el gobierno local. El funcionario pidió colocar por encima de las diferencias políticas el interés de Paraíso y de sus habitantes.
El caso coloca así a Paraíso ante una coyuntura compleja: un alcalde señalado dentro de una investigación federal, colaboradores detenidos, inmuebles cateados y un partido político que denuncia un posible trasfondo político, mientras la autoridad federal mantiene bajo investigación hechos que podrían tener consecuencias penales.
Por ahora, Alfonso Baca Sevilla sostiene que no huyó, que está en la Ciudad de México y que regresará a Tabasco. También sostiene que es inocente de los seis delitos que, según informó, aparecen en la investigación. La última palabra, sin embargo, corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales, que deberán determinar qué hechos están acreditados, contra quiénes existen elementos suficientes y cuál será el rumbo procesal del caso.
La promesa del alcalde es regresar a Paraíso. El desafío será hacerlo frente a una investigación federal que ya transformó por completo el escenario político de su administración y que ahora coloca bajo escrutinio no sólo su futuro personal, sino también la conducción del municipio.
