Lucio Miranda Robles, exdirector general del DIF Jalisco y exsíndico de Tlajomulco, volvió a prisión luego de ser reaprehendido este jueves por agentes de la Policía de Investigación, después de que no se presentara a la audiencia en la que se revisaría la medida cautelar que le había permitido enfrentar en libertad el proceso que se le sigue por una acusación de violación.
La Fiscalía del Estado informó que el exfuncionario fue declarado sustraído de la acción de la justicia y que un juez libró una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada en Tlajomulco. Con ello, Miranda Robles quedó nuevamente a disposición de un juzgado mientras continúa el proceso penal en su contra.
La reaprehensión ocurre en medio de una creciente controversia por la decisión que permitió al exfuncionario abandonar la prisión preventiva apenas unos días después de haber sido vinculado a proceso. El juez de control Luis Ignacio Ceja Arias había determinado el 12 de agosto que Miranda Robles enfrentara prisión preventiva oficiosa durante seis meses, pero posteriormente modificó esa medida para que pudiera continuar el procedimiento en libertad, sujeto a la obligación de firmar semanalmente y a no acercarse a la víctima.
La decisión judicial generó una respuesta institucional inmediata. El Consejo de la Judicatura de Jalisco suspendió provisionalmente al juez Ceja Arias mientras se desarrolla una investigación administrativa, en tanto que la Fiscalía del Estado abrió una carpeta por posibles delitos contra la administración de justicia. Hasta ahora, las autoridades han señalado que no existen elementos concretos para afirmar que el juzgador haya recibido dinero o alguna dádiva, aunque esa posibilidad forma parte de las líneas que serán revisadas durante la investigación.
El presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, cuestionó la rapidez con la que se modificó la medida cautelar y sostuvo que, desde su interpretación, una determinación de esa naturaleza debía ser revisada por una sala de un tribunal o mediante un juicio de amparo. La actuación del juez quedó así bajo escrutinio mientras las autoridades determinan si existió alguna irregularidad que pudiera constituir responsabilidad administrativa o penal.
El fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, calificó como “particular” e “irregular” la actuación del juzgador, especialmente por la rapidez con que fue programada la audiencia para revisar las medidas cautelares. Miranda Robles había sido vinculado a proceso el 12 de agosto y, apenas cinco días después, su defensa presentó el escrito para solicitar la modificación de la medida. La audiencia fue acordada al día siguiente y programada para el 19 de agosto.
El caso tiene como origen una denuncia presentada por una mujer que trabajaba en el DIF Jalisco. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos que se atribuyen al entonces funcionario ocurrieron en marzo de 2024, cuando se desarrollaba una actividad laboral en Tapalpa.
Según la carpeta de investigación, antes de la presunta agresión sexual habrían ocurrido acciones incómodas y tocamientos indebidos contra la denunciante. Posteriormente, durante una reunión de trabajo realizada en un campamento en Tapalpa, el entonces director general del DIF Jalisco habría aprovechado un momento en que se encontraba a solas con la mujer para presuntamente cometer la agresión sexual que se le atribuye.
La denunciante, identificada como Aidé Camberos, decidió hacer público su caso a través de un video difundido en redes sociales. En él afirmó que después de la presunta agresión recibió amenazas de muerte y señaló que Miranda Robles le habría dicho que contaba con respaldo de funcionarios y que ella no podría hacerle nada. Camberos también cuestionó la atención que recibió después de acudir a los Centros de Justicia para las Mujeres y buscar apoyo de autoridades estatales.
El señalamiento ha colocado nuevamente en el centro de la discusión la protección de las mujeres que denuncian violencia sexual, particularmente cuando los acusados son personas que han ocupado posiciones de poder dentro de las instituciones públicas. La activista y abogada Blanca Paredes, quien ha acompañado públicamente a la denunciante, llamó a otras posibles víctimas a presentar sus denuncias y cuestionó que funcionarios puedan considerarse protegidos por sus relaciones políticas.
Sin embargo, Miranda Robles rechaza categóricamente la acusación y sostiene que demostrará su inocencia ante los tribunales. Antes de su reaprehensión difundió un video en el que aseguró que existen mensajes de carácter afectivo enviados por la denunciante después de la fecha señalada para la presunta agresión y que, desde su perspectiva, esos registros respaldan su versión de los hechos.
El exfuncionario afirmó además que ambos continuaron conviviendo después de la fecha denunciada y mencionó un viaje a Ciudad de México, una estancia en Puerto Vallarta y una comida de despedida organizada cuando concluyó su gestión al frente del DIF Jalisco, el 30 de septiembre de 2024. También cuestionó declaraciones del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, y la incorporación de pruebas ginecológicas ocho meses después de los hechos denunciados.
La controversia también alcanzó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien rechazó que Miranda Robles hubiera contado con protección política. El mandatario sostuvo que la pertenencia a Movimiento Ciudadano o la cercanía con funcionarios no impedirá que se investigue y sancione a quien resulte responsable. Lemus afirmó que, si se acredita que Miranda Robles cometió la violación, tendría que permanecer en prisión y aseguró que su administración no permitirá agresiones contra las mujeres.
El gobernador también confirmó que la Contraloría del Estado investiga un segundo posible caso de hostigamiento sexual relacionado con el exfuncionario y ofreció protección a la denunciante, incluida la posibilidad de proporcionarle un dispositivo “Pulso de Vida”.
El expediente ha cobrado especial relevancia por la trayectoria política y administrativa de Miranda Robles. Entre 2023 y 2024 encabezó el DIF Jalisco y previamente fue síndico de Tlajomulco. Al momento de su detención ocupaba el cargo de coordinador de Fortalecimiento a los Servicios Públicos Municipales del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga.
Su trayectoria dentro de la administración pública incluye también la Dirección de Vinculación Regional de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la Dirección General de Padrón y Licencias de Tlajomulco, una presidencia municipal interina y una regiduría, además de otros cargos dentro del ayuntamiento.
Ahora, el proceso entra en una nueva etapa. Miranda Robles deberá comparecer nuevamente ante la autoridad judicial, mientras la Fiscalía continúa con la acusación por violación y las instituciones encargadas de vigilar al Poder Judicial investigan la actuación del juez que modificó la medida cautelar.
El caso deja dos procedimientos abiertos que deberán avanzar por vías distintas: por un lado, la investigación penal en la que deberá determinarse la responsabilidad de Miranda Robles a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa; por otro, la indagatoria sobre la actuación del juez Luis Ignacio Ceja Arias y las posibles responsabilidades derivadas de la modificación de la prisión preventiva.
Por ahora, la reaprehensión no representa una sentencia contra el exfuncionario. La acusación deberá ser acreditada ante los tribunales y Miranda Robles conserva su derecho a la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, la decisión de reaprehenderlo responde a que no acudió a la audiencia a la que había sido citado y fue declarado sustraído de la acción de la justicia.
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para mantener el proceso penal, mientras la defensa afirma que cuenta con pruebas para demostrar la inocencia del acusado. En paralelo, la suspensión del juez abre otro capítulo de un caso que ha puesto bajo la lupa la actuación de las instituciones de justicia en Jalisco y la manera en que se protegen los derechos de las víctimas durante procesos que involucran a exservidores públicos.
Con Miranda Robles nuevamente ante un juez y con una investigación administrativa y otra penal sobre la actuación del juzgador, el futuro del expediente dependerá ahora de las pruebas y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
