La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quedó en el centro de una nueva controversia luego de que una investigación periodística documentara 97 vuelos realizados en aeronaves privadas desde su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez, con destinos recurrentes como Orlando, Florida, y Vail, Colorado, mientras que la mandataria rechazó que esos traslados hayan sido pagados con recursos públicos y cuestionó la cantidad de viajes que se le atribuye.

El reporte, publicado por Reforma y sustentado, según el propio recuento, en registros aeroportuarios y datos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), coloca bajo escrutinio la movilidad de la gobernadora durante los años en que ha ocupado cargos públicos.

De acuerdo con la información difundida, Lezama acumula 119 movimientos de entrada y salida del país, de los cuales 97 corresponden a vuelos en aeronaves privadas. La investigación señala que esta modalidad de traslado comenzó durante su gestión como alcaldesa de Cancún, cuando habría realizado 31 vuelos privados.

Entre los destinos que aparecen con mayor frecuencia destaca Orlando, Florida. Los registros migratorios citados por la investigación contabilizan 53 entradas y salidas de esa ciudad desde el 25 de septiembre de 2022, fecha cercana al inicio de su administración como gobernadora de Quintana Roo. También aparece Vail, Colorado, uno de los destinos turísticos de invierno más exclusivos de Estados Unidos.

La investigación identifica además distintas aeronaves utilizadas en esos desplazamientos, entre ellas Learjet y Gulfstream. Uno de los aviones señalados es un Gulfstream G280, matrícula XA-BAT, operado por Redwings. También aparecen un Learjet 31A, un Gulfstream Aerospace G200, un Learjet 60, otro Gulfstream 200, un Hawker 800XP y un Hawker 750.

El dato que ha provocado mayor atención es el costo estimado de este tipo de traslados. Reforma señaló que una hora de vuelo en las aeronaves utilizadas ronda, en promedio, los 6 mil dólares. Bajo esa referencia, el diario estimó que un viaje privado a Orlando podría representar alrededor de 406 mil pesos, mientras que uno a Vail alcanzaría aproximadamente 812 mil pesos. Se trata, sin embargo, de estimaciones basadas en el costo promedio por hora de operación y no de una comprobación del monto efectivamente pagado por cada vuelo.

Los registros también arrojan episodios que han llamado particularmente la atención. Uno de ellos corresponde a febrero de 2020, cuando Lezama todavía era alcaldesa de Cancún. De acuerdo con el recuento periodístico, después de encontrarse en Vail regresó a Quintana Roo para acompañar al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante una gira en Playa del Carmen y posteriormente volvió a Estados Unidos.

La controversia no se limita a los destinos ni al tipo de aeronave. El punto que inevitablemente se coloca en el centro de la discusión es quién pagó los traslados y bajo qué concepto se realizaron. Los registros aeroportuarios y migratorios permiten documentar movimientos y aeronaves, pero por sí mismos no acreditan que los vuelos hayan sido financiados con recursos públicos ni constituyen una determinación de alguna responsabilidad administrativa o penal. Para establecer el origen de los recursos sería necesario revisar contratos, facturas, comprobantes de pago y, en su caso, documentación relacionada con comisiones oficiales.

Ante la difusión de la información, Mara Lezama respondió públicamente este martes y negó que los vuelos privados hayan sido solventados con dinero público. La gobernadora sostuvo que algunos viajes respondieron a sus responsabilidades como servidora pública y otros tuvieron carácter familiar, al tiempo que aseguró que siempre se condujo conforme a las normas aplicables.

“Jamás fueron solventados con dinero público”, afirmó la mandataria al referirse a los viajes privados. También cuestionó la cifra difundida y aseguró que el número de traslados no corresponde con la realidad, pues, desde su perspectiva, implicaría haber pasado prácticamente un año de vacaciones.

Lezama defendió además su desempeño al frente del Gobierno de Quintana Roo y aseguró que mantiene una jornada permanente de trabajo. “Mi compromiso es trabajar 24/7”, sostuvo, al insistir en que no ha descuidado sus responsabilidades como gobernadora.

La mandataria también rechazó de manera categórica las versiones que la vinculan con viajes junto al senador con licencia Eugenio “Gino” Segura. Aseguró que esa información es falsa y explicó que los desplazamientos que realizó tuvieron motivos familiares o estuvieron relacionados con sus funciones públicas.

El tema adquiere una dimensión política adicional porque Eugenio Segura, quien fue funcionario durante administraciones encabezadas por Lezama, es actualmente uno de los perfiles vinculados a la sucesión gubernamental de Quintana Roo. Una publicación posterior de Reforma amplió el seguimiento y documentó movimientos migratorios de familiares de la gobernadora y del propio Segura.

En ese nuevo recuento se señala que, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, Mara Lezama, su esposo, sus hijos, su hermano y Segura acumularon 605 entradas y salidas del país, de las cuales 283 estuvieron relacionadas con vuelos privados. La información vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de distinguir entre los registros de movilidad y cualquier eventual conclusión sobre el financiamiento de esos viajes.

Para la gobernadora, el asunto también toca directamente a su familia. Lezama afirmó que su esposo y sus hijos no están ni han estado involucrados en la vida política y recordó su trayectoria de más de tres décadas en la iniciativa privada antes de ocupar cargos públicos.

La polémica llega en un momento particularmente sensible para Quintana Roo, donde comienza a tomar forma la disputa política rumbo a 2027. La discusión sobre los vuelos privados, por ello, trasciende el simple registro de viajes: pone sobre la mesa el contraste entre el estilo de vida asociado con aeronaves ejecutivas y destinos de alto costo y el discurso de austeridad que ha acompañado a los gobiernos de Morena.

Hasta ahora, la información disponible permite afirmar que existen registros de vuelos privados y que la gobernadora reconoce haber utilizado este tipo de transporte, pero no permite concluir que los 97 traslados hayan sido pagados con dinero público. La propia Lezama lo niega de manera expresa. El punto que permanece abierto es la documentación que permita conocer, viaje por viaje, quién cubrió los costos, cuál fue el motivo de cada desplazamiento y si alguno estuvo vinculado formalmente con actividades oficiales.

La respuesta de la gobernadora tampoco elimina el interés público que genera conocer el origen de los recursos utilizados para viajes que, según las estimaciones citadas por Reforma, pueden representar cientos de miles de pesos por trayecto. En una entidad donde el turismo internacional es una de las principales fuentes de actividad económica, el debate adquiere especial relevancia porque la movilidad de sus autoridades también forma parte de la conversación sobre transparencia, rendición de cuentas y congruencia en el ejercicio del poder.

Más allá de las acusaciones políticas que puedan surgir alrededor del caso, la información disponible obliga a separar los hechos comprobables de las interpretaciones. Los registros documentan los vuelos; la gobernadora niega haber utilizado recursos públicos y rechaza parte de las versiones difundidas. La respuesta definitiva sobre el financiamiento de cada traslado dependerá de la evidencia documental que pueda acreditar el origen y destino de los recursos.

El caso, por ahora, deja una pregunta que difícilmente desaparecerá del debate público en Quintana Roo: ¿quién pagó los 97 vuelos privados y cuál fue el motivo de cada uno?