La investigación por las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya tiene sus primeros detenidos. Edgar “N” y David “N” fueron aprehendidos por su presunta participación en un esquema mediante el cual habrían cobrado dinero a aspirantes para responder en su lugar el examen de ingreso a licenciatura aplicado en línea durante mayo y junio de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los dos hombres habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, de la que eran operadores, para realizar a distancia las evaluaciones y simular que quienes respondían eran los propios aspirantes. La investigación también apunta a que habrían contado con el apoyo de algunos instructores.

El caso llega en un momento especialmente delicado para miles de jóvenes que depositaron en el examen de la UNAM una de las principales oportunidades para continuar sus estudios universitarios. La controversia surgió después de que la Universidad detectara comportamientos anómalos en los resultados de la primera evaluación en línea y decidiera implementar un examen de control presencial para una parte de quienes obtuvieron los puntajes requeridos.

La denuncia de la UNAM abrió la investigación

La pista que llevó a las autoridades capitalinas hacia los ahora detenidos surgió a partir de una denuncia presentada por la propia UNAM. La Universidad detectó coincidencias en los datos de conexión de exámenes correspondientes a nueve aspirantes, además de otras irregularidades que llevaron a profundizar en el análisis del proceso.

A partir de esa información, la Fiscalía realizó un análisis de archivos digitales y entrevistas. Las pesquisas permitieron relacionar las evaluaciones con sedes de la academia “Más Preparación” y, según la dependencia, identificar la posible participación de Edgar “N” y David “N”.

Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra ambos y obtuvo autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos relacionados con la investigación.

Los operativos fueron ejecutados de manera simultánea y permitieron asegurar diversos dispositivos de almacenamiento. El material quedó bajo resguardo de las autoridades y será analizado para determinar hasta dónde pudo extenderse el esquema y si existen más personas relacionadas con los hechos.

La Fiscalía subraya que se trata de personas señaladas como presuntas responsables, por lo que su situación jurídica deberá definirse conforme avance el proceso judicial.

Un examen que debía medir conocimientos terminó bajo investigación

El caso tiene como telón de fondo un proceso de admisión que por primera vez se desarrolló en línea y que terminó generando una fuerte controversia por la aparición de resultados atípicos.

La UNAM informó a finales de julio que, a partir de la revisión realizada por una Comisión Técnica de Personas Expertas, se identificaron esquemas organizados para alterar el proceso, entre ellos el uso de dispositivos, personas que auxiliaban a aspirantes y casos de suplantación de identidad. La Universidad determinó entonces aplicar un Examen de Control Presencial como mecanismo para verificar los resultados de quienes alcanzaron los puntajes establecidos.

La decisión implicó que miles de jóvenes tuvieran que volver a presentar una evaluación. La UNAM estableció que el examen de control se realizaría entre el 12 y el 19 de agosto en sedes de León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

En la capital, la prueba se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes. La Universidad informó que el proceso sería acompañado por notario, auditores y personal universitario encargado de vigilar la aplicación. En esa sede fueron citados 42 mil 784 aspirantes que descargaron su cita.

La decisión de recurrir a una segunda evaluación no fue menor. Para quienes se prepararon durante meses, obtener un lugar en la UNAM representa una posibilidad de cambiar su trayectoria académica y profesional. Por eso, cualquier mecanismo que permita que otra persona responda el examen en nombre de un aspirante no sólo afecta la integridad de la prueba, sino también la percepción de justicia entre quienes compitieron bajo las mismas reglas.

Las autoridades buscan determinar el alcance del fraude

La detención de Edgar “N” y David “N” constituye uno de los primeros resultados concretos de la investigación, pero no significa que el caso esté cerrado.

La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias y analizará los dispositivos asegurados durante los cuatro cateos para establecer si hubo más participantes, cuántos exámenes pudieron estar relacionados con el mecanismo y si el esquema operó únicamente durante este proceso de admisión o pudo haberse utilizado en otras evaluaciones.

Hasta ahora, la información oficialmente difundida vincula directamente la investigación con nueve exámenes en los que fueron detectadas coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades. Esto no permite afirmar que todos los resultados cuestionados correspondan al mismo mecanismo ni que todos los aspirantes con resultados atípicos hayan cometido alguna irregularidad.

Ese punto resulta fundamental en una investigación que involucra a decenas de miles de jóvenes y en la que la presunción de inocencia debe mantenerse para quienes son señalados, mientras se esclarecen las responsabilidades individuales.

Una oportunidad que quedó marcada por la polémica

El examen de ingreso a la UNAM no es una evaluación cualquiera. Para miles de estudiantes representa la culminación de meses, e incluso años, de preparación con la expectativa de conseguir un lugar en una de las instituciones públicas de educación superior más importantes de México.

Por ello, la revelación de un esquema en el que presuntamente se cobraba dinero para que terceros contestaran la prueba introduce una dimensión particularmente sensible al conflicto: la desigualdad entre quienes buscaron obtener un resultado mediante su propio esfuerzo y quienes, según las investigaciones, habrían intentado comprar una ventaja.

La Universidad ya tomó medidas para verificar los resultados mediante la aplicación presencial y las autoridades ministeriales avanzan en la investigación penal. Ahora corresponde determinar con precisión quiénes participaron, qué papel desempeñó cada persona y cuál fue la verdadera dimensión del mecanismo descubierto.

Mientras tanto, Edgar “N” y David “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial tras el cumplimiento de las órdenes de aprehensión. Su caso será uno de los primeros capítulos judiciales de una controversia que puso bajo escrutinio la seguridad del proceso de admisión y que todavía está lejos de quedar completamente esclarecida.

La investigación continúa y el análisis de los dispositivos asegurados podría aportar nuevas respuestas. Por ahora, el mensaje que deja el caso es tan directo como incómodo: cuando un examen que define el futuro académico de miles de jóvenes puede ser respondido por alguien más a cambio de dinero, la discusión deja de ser únicamente sobre tecnología o vigilancia y se convierte en una cuestión de justicia, mérito y confianza en el acceso a la educación superior.