El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dio un nuevo revés a Sandra Cuevas al determinar su inhabilitación por un año, derivada de irregularidades cometidas durante el llamado Operativo Diamante, desplegado en 2023 cuando se encontraba al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.

La resolución coloca nuevamente bajo escrutinio una de las estrategias más polémicas de la administración de Cuevas, quien presentó aquel operativo como una acción destinada a recuperar espacios públicos ocupados de manera irregular, pero que también generó reclamos de comerciantes y locatarios que denunciaron afectaciones y falta de un procedimiento adecuado para retirar sus instalaciones.

De acuerdo con la determinación del Tribunal, durante el operativo se acreditaron irregularidades relacionadas con el retiro de enseres, pérgolas y mobiliario comercial. Los afectados señalaron que las autoridades de la alcaldía procedieron al retiro de estos elementos sin respetar el debido proceso, un señalamiento que terminó formando parte del expediente administrativo que derivó en la sanción contra la exalcaldesa.

El caso resulta especialmente significativo porque el Operativo Diamante fue una de las acciones que definieron la imagen pública de Cuevas durante su paso por la alcaldía Cuauhtémoc. Con una presencia constante en las calles y un discurso centrado en el orden, la seguridad y la recuperación del espacio público, la entonces alcaldesa defendió las intervenciones como una manera de enfrentar la ocupación irregular de banquetas y vialidades.

En julio de 2023, Cuevas difundía públicamente las acciones del operativo y sostenía que se estaban retirando estructuras que impedían el libre tránsito. Entre ellas se encontraban pérgolas instaladas frente a establecimientos comerciales. En ese momento, la alcaldía argumentaba que las intervenciones buscaban recuperar espacios públicos para los habitantes y combatir prácticas que, desde su perspectiva, habían permitido la apropiación irregular de calles y banquetas.

Sin embargo, la estrategia también fue objeto de fuertes críticas. Comerciantes y otros sectores afectados cuestionaron la manera en que se realizaron algunos de los retiros y acusaron a la administración de emprender acciones desproporcionadas. El Operativo Diamante llegó incluso a ser señalado por críticos de Cuevas como una política de “limpieza social”, una acusación que la entonces alcaldesa rechazó al defender su política de recuperación del espacio público.

Ahora, tres años después de aquellos hechos, la resolución administrativa vuelve a colocar el episodio en el centro de la discusión sobre los límites que tienen las autoridades al momento de ejercer sus facultades para recuperar espacios públicos.

La sanción no se refiere a la decisión política de combatir la ocupación irregular de calles y banquetas en sí misma, sino a la manera en que fueron ejercidas las funciones de autoridad durante las acciones que motivaron el procedimiento. El punto central de la resolución es, precisamente, que en el retiro del mobiliario comercial se detectaron irregularidades y que no se habría cumplido con las formalidades correspondientes.

La diferencia es relevante. Una autoridad puede tener entre sus atribuciones la recuperación del espacio público, pero el ejercicio de esas facultades debe sujetarse a los procedimientos establecidos por la ley. En este caso, el Tribunal determinó que hubo abuso de funciones relacionado con las actuaciones realizadas durante el Operativo Diamante.

Para Cuevas, la resolución representa un nuevo episodio dentro de una trayectoria política marcada por confrontaciones, controversias administrativas y disputas con distintas autoridades de la capital. Durante su gestión al frente de Cuauhtémoc enfrentó otros procedimientos judiciales y administrativos, entre ellos uno relacionado con el cierre del Deportivo Guelatao, cuya destitución ordenada por el Tribunal de Justicia Administrativa fue posteriormente suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También enfrentó en 2022 un proceso derivado de una acusación por abuso de autoridad, robo y discriminación contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El asunto concluyó mediante un acuerdo reparatorio que incluyó una disculpa pública y otras medidas.

El nuevo fallo llega además cuando Cuevas ya no ocupa la alcaldía. Su administración terminó después de que concluyó el periodo para el que fue electa en 2021, cuando ganó Cuauhtémoc como candidata de la coalición integrada entonces por PAN, PRI y PRD. Posteriormente, la política comenzó a impulsar su propio proyecto político y anunció la creación de una organización con la intención de transformarla en partido político.

La resolución sobre el Operativo Diamante adquiere así una dimensión que rebasa el episodio administrativo. Durante su gestión, Cuevas construyó buena parte de su identidad política alrededor de un estilo de gobierno frontal, con intervenciones directas en las calles y una retórica de “orden y disciplina”. El operativo fue quizá la expresión más visible de esa forma de gobernar.

Las imágenes de funcionarios retirando estructuras comerciales, la presencia de la propia alcaldesa en las calles y la utilización de herramientas para desmontar instalaciones convirtieron aquellas acciones en un fenómeno ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación. Para sus simpatizantes, representaban una autoridad dispuesta a recuperar el espacio público; para sus críticos, mostraban un ejercicio excesivo del poder.

El Tribunal, ahora, coloca el acento en un aspecto distinto pero fundamental: la obligación de las autoridades de actuar conforme a las reglas que protegen a quienes pueden resultar afectados por sus decisiones.

La inhabilitación por un año representa, por tanto, una consecuencia administrativa derivada de las irregularidades determinadas en el expediente. El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en la Ciudad de México: hasta dónde puede llegar una autoridad en nombre de la recuperación del espacio público y dónde comienza el límite que imponen los derechos de comerciantes, locatarios y ciudadanos frente a los actos de gobierno.

El episodio también muestra cómo decisiones tomadas durante una administración pueden prolongar sus consecuencias mucho después de que un funcionario abandona el cargo. Para Cuevas, el Operativo Diamante fue presentado en su momento como uno de los símbolos de su gestión. Hoy, esa misma estrategia se convierte en el fundamento de una nueva sanción administrativa en su contra.

La exalcaldesa, que durante su gestión hizo de la confrontación y de la exposición pública parte de su estilo político, enfrenta así otro capítulo complicado en su carrera. El fallo no sólo revive el debate sobre aquellas acciones emprendidas en las calles de Cuauhtémoc, sino que obliga a mirar nuevamente la frontera entre autoridad, orden y legalidad.