En un mensaje pronunciado en Boca del Río este 29 de agosto de 2026, el fundador de Movimiento Ciudadano sostuvo que Veracruz atraviesa una situación en la que, a su juicio, la justicia continúa sometida a intereses políticos y personales. Afirmó que durante décadas las instituciones encargadas de procurar justicia han sido utilizadas para perseguir adversarios, intimidar voces críticas y proteger a quienes forman parte de los grupos en el poder.
Delgado recordó su paso por el gobierno de Veracruz y aseguró que, cuando estuvo al frente del estado, nunca utilizó la justicia con fines personales o políticos, ni dio instrucciones a un fiscal para perseguir a alguna persona o presionó a un juez. Enfatizó que quien gobierna recibe las instituciones para proteger a todas las personas, incluso a quienes piensan diferente.
En su exposición, también evocó el caso de José Manuel del Río Virgen, fundador de Movimiento Ciudadano, quien fue detenido y encarcelado en diciembre de 2021 durante el gobierno anterior de Morena. Delgado afirmó que fue privado de su libertad sin pruebas y lo calificó como “preso político”. Sostuvo que su liberación debió representar el cierre de una etapa de abusos y no convertirse en un antecedente para nuevas prácticas de ese tipo.
El fundador emecista explicó que acudió a la toma de protesta de la actual gobernadora de Veracruz, el 1 de diciembre de 2024, porque decidió confiar en su buena fe y en la posibilidad de mantener una relación institucional respetuosa. Sin embargo, casi dos años después, acusó que el actual gobierno estatal mantiene, según su perspectiva, una conducta intimidante similar a la de su antecesor.
Delgado aclaró que Movimiento Ciudadano no pretende impunidad para ninguna persona. Señaló que cualquier individuo que cometa un delito debe ser investigado, juzgado y, si existen pruebas suficientes, sentenciado. La exigencia del partido, dijo, es que existan investigaciones serias, presunción de inocencia, debido proceso y una aplicación igualitaria de la ley.
En ese sentido, cuestionó que una acusación formulada públicamente por una gobernadora pueda sustituir una sentencia y advirtió que un desacuerdo político no debe transformarse en una carpeta penal.
El posicionamiento también abordó la elección municipal de 2025. Delgado aseguró que diez candidaturas de Movimiento Ciudadano denunciaron amenazas y no recibieron protección por parte del Estado. Recordó particularmente el asesinato de Avisack Douglas, ocurrido durante un ataque contra la candidata de Movimiento Ciudadano en Juan Rodríguez Clara, y sostuvo que ante ese escenario la responsabilidad gubernamental era proteger vidas, atender las amenazas y garantizar condiciones para una elección libre.
A partir de ese episodio, el exgobernador acusó a la administración estatal de utilizar la voz y el cargo de la gobernadora para desacreditar a Movimiento Ciudadano y agraviar a su coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez.
Uno de los señalamientos más severos de su discurso estuvo relacionado con los resultados electorales de Papantla y Poza Rica. Delgado sostuvo que Movimiento Ciudadano ganó esos municipios en las urnas, pero acusó que posteriormente se detuvieron los cómputos, los paquetes electorales fueron trasladados a Xalapa, aparecieron paquetes presuntamente violados y bolsas abiertas, se anularon miles de votos y, según su versión, se utilizó el poder para presionar al tribunal hasta revertir los resultados.
En el caso de Poza Rica, afirmó que incluso fue retirada una constancia de mayoría que ya había sido entregada. Delgado calificó estos acontecimientos como el “primer gran fraude electoral de Morena en Veracruz”.
El dirigente naranja también cuestionó la respuesta del gobierno estatal ante situaciones sociales ocurridas fuera de la contienda electoral. Señaló que cuando brigadas de Movimiento Ciudadano acudieron a auxiliar a familias afectadas por inundaciones, la gobernadora acusó al partido de actuar con mezquindad. Asimismo, afirmó que cuando habitantes de Poza Rica se movilizaron para exigir justicia por el asesinato del doctor José Antolín Montero, la protesta fue reducida por la mandataria a un grupo relacionado con Movimiento Ciudadano.
Para Delgado, estos episodios forman parte de una dinámica en la que protestar, exigir seguridad o brindar ayuda puede ser considerado sospechoso cuando proviene de una fuerza política distinta a Morena.
El exgobernador también se refirió al desafuero de dos presidentes municipales emanados de Movimiento Ciudadano. Señaló que el 5 de agosto, en sesiones a puerta cerrada, el Congreso estatal retiró el fuero a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván.
Delgado sostuvo que las acusaciones deben investigarse conforme a la ley, pero remarcó que un desafuero no acredita culpabilidad y que ninguna mayoría legislativa puede cancelar el derecho de defensa. En respuesta a estos hechos, dijo, Movimiento Ciudadano acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir protección, debido proceso y que la justicia no sea utilizada como mecanismo de presión política.
Otro de los casos mencionados fue el de Jesús Uribe, en Las Choapas. Delgado denunció que existen presiones para que alcaldes, síndicos y regidores abandonen Movimiento Ciudadano y se incorporen a Morena. De acuerdo con su relato, el caso de Uribe ejemplifica un mecanismo mediante el cual se habría utilizado el aparato del poder para ejercer presión judicial hasta que el funcionario anunció su incorporación a Morena.
A partir de estos señalamientos, Delgado cuestionó la diferencia entre la administración anterior y la actual. Su conclusión fue contundente: “en menos tiempo la gobernadora lo ha hecho peor”.
El fundador de Movimiento Ciudadano extendió sus críticas más allá de Veracruz y sostuvo que, desde su perspectiva, existe un patrón similar en gobiernos estatales encabezados por Morena. Mencionó casos en Nayarit, Puebla, Tabasco y Campeche que, aseguró, muestran una forma de actuar contra autoridades y dirigentes emanados de Movimiento Ciudadano.
En Nayarit, afirmó que al alcalde de Tuxpan, municipio que Movimiento Ciudadano ganó a Morena, le abrieron una carpeta de investigación y cinco días después fue detenido. En Puebla, mencionó a los alcaldes de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás de Buenos Aires, a quienes señaló de haber sido acusados sin pruebas, cateados y privados de su libertad, para posteriormente enfrentar nuevas detenciones por faltas administrativas.
También citó el caso de Alfonso Baca, alcalde de Paraíso, Tabasco, respecto de quien afirmó que el 19 de agosto la Fiscalía General de la República realizó cateos y ejecutó una orden de aprehensión después de que Morena perdiera ese municipio frente a Movimiento Ciudadano.
En Campeche, Delgado sostuvo que se ha buscado impedir la participación política de un candidato que disputó la gubernatura en 2021 y que perdió por una diferencia de aproximadamente cinco mil votos, además de señalar acciones contra la actual presidenta municipal con el propósito, según su acusación, de evitar que Movimiento Ciudadano tenga una candidatura competitiva para la gubernatura estatal.
El contraste que planteó Dante Delgado fue entre la manera en que, según él, se actúa contra integrantes de Movimiento Ciudadano y el trato que reciben políticos vinculados con Morena. Como ejemplo, mencionó al gobernador de Sinaloa y a un senador de ese estado, al sostener que en esos casos no proceden el juicio político ni el desafuero, mientras que la severidad aplicada a quienes piensan diferente se transforma en llamados para que abandonen sus cargos.
En su discurso también recordó el atentado ocurrido en Sinaloa contra el diputado y dirigente de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix, quien, de acuerdo con el documento, permanece en estado de postración. Delgado señaló además que la diputada Elizabeth Montoya recibió un disparo en la cabeza y perdió un ojo durante ese ataque.
Frente a lo que calificó como una simulación de autonomía, anunció que Movimiento Ciudadano promoverá una reforma para que las fiscalías vuelvan a depender directamente de los poderes Ejecutivos estatales y federal. Su argumento es que los titulares de los gobiernos asuman directamente el costo político de sus decisiones y que no puedan escudarse en organismos que, desde su perspectiva, funcionan como supuestos órganos autónomos.
Delgado cerró su posicionamiento con un llamado a rescatar el Estado de derecho en Veracruz y en México. Afirmó que la lucha de Movimiento Ciudadano está relacionada con la seguridad, la justicia y la paz que, dijo, demandan actualmente los veracruzanos y los mexicanos.
De manera directa, se dirigió a la gobernadora de Veracruz para advertir que su partido no permitirá, según sus palabras, que se intente agraviar, intimidar o condicionar el apoyo que corresponde legítimamente a los liderazgos municipales de Movimiento Ciudadano. Al mismo tiempo, dejó claro que el partido no pretende cobijar a criminales bajo sus siglas y que cualquier persona que cometa un delito debe responder ante la ley.
El fundador emecista sostuvo que la prioridad del gobierno debería estar en atender los problemas que, a su juicio, representan los verdaderos dolores de Veracruz: las víctimas, las más de siete mil personas desaparecidas reconocidas oficialmente, las mujeres violentadas, las niñas y los niños amenazados por la inseguridad y las familias que continúan buscando a sus seres queridos.
“Cada recurso utilizado para perseguir adversarios es un recurso que se les niega a esas causas”, afirmó, antes de sentenciar que Veracruz ya ha tenido suficiente.
Finalmente, Dante Delgado lanzó una advertencia política hacia el futuro al sostener que “el peor año de un régimen es el siguiente”. Para respaldar su argumento, puso como ejemplo la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, de acuerdo con el propio posicionamiento, meses atrás contaba con el respaldo de sus aliados y posteriormente fue cuestionado desde su propio partido.
El mensaje concluyó con una apuesta electoral de largo alcance. Delgado afirmó que Veracruz necesita instituciones al servicio de la ciudadanía y no de un gobierno o partido, y aseguró que Movimiento Ciudadano ganará las gubernaturas de las pricipales capitales e importantes ciudades en la elección del próximo año, además de plantear que el partido conquistará la Presidencia de la República en 2030.
