La abogada y consultora especializada en materia electoral Mónica Calles Miramontes denunció públicamente haber sido notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) de una denuncia penal acompañada de “medidas de protección”, procedimiento que atribuyó a los señalamientos que ha realizado contra funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de una publicación difundida este martes 1 de septiembre en su cuenta de X, Calles calificó el episodio como una “persecución de Estado” y sostuvo que la actuación de la Fiscalía se produjo después de que, en su calidad de abogada, defendió a una de sus clientas y difundió videos en los que, según afirmó, exhibe presuntas violaciones a derechos por parte de funcionarios públicos del organismo electoral.

“Si el INE no garantiza derechos, menos garantizará la democracia”, escribió la abogada, quien cuestionó el contenido de la notificación que recibió y afirmó que el documento no le permite conocer con claridad cuál es el delito que se le atribuye.

De acuerdo con su versión, la denuncia hace referencia a supuestos “actos de intimidación”, pero no precisa en qué habrían consistido ni identifica a la persona que presentó la denuncia. Calles también afirmó que las medidas le exigen abstenerse de “molestar”, sin que —según su interpretación— se le hayan explicado de manera suficiente los hechos concretos que originaron el procedimiento.

La acusación de la abogada no implica, por sí misma, que la FGR haya determinado que cometió un delito. Hasta el momento, la información públicamente disponible únicamente permite confirmar que Calles afirma haber recibido una notificación relacionada con una denuncia penal y que ella cuestiona tanto su contenido como la actuación de la Fiscalía.

El señalamiento ocurre en medio de una serie de críticas que Calles ha difundido durante las últimas semanas contra el funcionamiento interno del INE. En particular, ha intervenido públicamente en casos relacionados con presunto acoso y hostigamiento laboral dentro del instituto y ha cuestionado decisiones adoptadas por funcionarios de áreas consideradas estratégicas para la organización electoral.

En declaraciones y publicaciones recientes, la abogada ha sostenido que algunos trabajadores y extrabajadores del organismo habrían enfrentado presiones, procedimientos administrativos o condiciones laborales que, desde su perspectiva, podrían constituir un patrón de hostigamiento institucional. Uno de los casos que ha difundido corresponde al de una exfuncionaria electoral identificada en redes sociales como Valeria, quien también ha denunciado públicamente presuntas irregularidades y represalias laborales dentro del INE.

Calles ha relacionado estas denuncias con la operación de áreas estratégicas del organismo de cara a las elecciones de 2027. En sus publicaciones ha cuestionado particularmente la actuación de funcionarios de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y ha formulado acusaciones de presuntos conflictos de interés y abuso de poder, aunque esas imputaciones corresponden a sus señalamientos y no deben considerarse hechos acreditados sin una resolución de autoridad competente.

Su confrontación pública con el INE no es reciente. La trayectoria documentada de Calles también registra actuaciones jurídicas directamente relacionadas con el organismo electoral y con asuntos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En 2025, por ejemplo, la Sala Superior del TEPJF conoció diversos asuntos promovidos por Mónica Calles Miramontes contra el Consejo General del INE. En el expediente SUP-JDC-2258/2025 se documentó una impugnación relacionada con la omisión del instituto de responder una solicitud de información y documentación relativa a la elección extraordinaria para renovar integrantes del Poder Judicial Federal.

Otro expediente, el SUP-JDC-2326/2025, derivó de una controversia por la falta de respuesta del INE a una petición presentada por Calles. En agosto de 2025, la Sala Superior determinó que existía la omisión reclamada y ordenó al Consejo General del instituto responder a la solicitud, al considerar que el derecho de petición exigía una respuesta en breve término.

La participación de Calles en litigios electorales también aparece registrada en resoluciones del propio TEPJF. En un asunto de 2024, la Sala Regional Ciudad de México identificó a Mónica Calles Miramontes como secretaria en la elaboración de una sentencia relacionada con el trámite de una credencial para votar.

Además de su actividad jurídica, Calles ha publicado análisis y artículos de opinión sobre la actuación del INE y sobre la reforma electoral. En mayo de 2025, por ejemplo, publicó un artículo en el que cuestionó la actuación del instituto frente a mecanismos digitales relacionados con la inducción del voto y criticó la velocidad con la que, desde su perspectiva, se estaban atendiendo determinadas medidas cautelares electorales.

Más recientemente, la abogada también ha cuestionado la conducción del instituto ante la cercanía de las elecciones de 2027 y ha sostenido que algunos cambios de personal podrían afectar áreas técnicas del organismo. Estas afirmaciones forman parte de su posicionamiento público y, hasta ahora, no existe una resolución que establezca judicialmente que exista un esquema institucional de persecución o una operación partidista dentro del INE.

En el nuevo episodio, Calles sostiene que la actuación de la FGR representa una escalada respecto de sus críticas anteriores. En su mensaje, afirmó que la rapidez con la que se habría emitido la actuación ministerial sólo puede explicarse, desde su perspectiva, por un intento de amedrentamiento político.

“Si en México defender la ley y ejercer la abogacía es perseguido, estamos ante una tiranía”, escribió la especialista, quien aseguró que no dejará de hacer públicos sus cuestionamientos.

La controversia plantea ahora dos interrogantes centrales: cuál es el contenido exacto de la denuncia presentada contra la abogada y qué hechos fueron considerados por la autoridad ministerial para establecer las medidas de protección que, según Calles, le fueron notificadas.

Hasta el momento, no se ha localizado una explicación pública de la FGR que detalle la identidad de la persona denunciante, los hechos específicos atribuidos a Calles o el fundamento concreto de las medidas que ella cuestiona. Tampoco se ha encontrado una postura pública del INE que confirme que el instituto haya presentado directamente la denuncia penal o que explique si existe alguna relación institucional entre sus actuaciones y la indagatoria de la Fiscalía.

Lo que sí está documentado es que Calles mantiene desde hace tiempo una actividad pública de crítica y litigio frente al INE, incluida la promoción de asuntos ante el máximo órgano jurisdiccional electoral del país. La resolución de agosto de 2025, en la que el TEPJF ordenó al instituto responder una petición formulada por ella, constituye uno de los antecedentes oficiales que muestran el nivel de confrontación jurídica que ha mantenido con el organismo.

Ahora, con la denuncia penal que asegura haber recibido y las medidas de protección que cuestiona, el conflicto adquiere una nueva dimensión. La atención estará puesta en determinar si la actuación ministerial deriva de hechos concretos distintos a su actividad profesional y publicaciones, o si, como sostiene Calles, existe una relación directa entre sus señalamientos contra funcionarios electorales y la apertura de la investigación.