La reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer requisitos de nacionalidad exclusiva en algunos de los principales cargos ejecutivos de México avanzó en la Cámara de Diputados y entrará ahora en una etapa decisiva.
La propuesta busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
El dictamen fue aprobado el 8 de septiembre por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no es una reforma vigente: debe ser discutido y aprobado por el Pleno, además de cumplir con el resto del procedimiento constitucional.
Estas son las principales claves de la iniciativa.
1. ¿La reforma prohibiría la doble nacionalidad en México?
No de manera general.
La propuesta no plantea eliminar la posibilidad de que los mexicanos tengan una segunda nacionalidad. La restricción está dirigida específicamente a quienes busquen ocupar tres tipos de cargos:
- Presidencia de la República.
- Gubernaturas de los estados.
- Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Por ello, tener doble nacionalidad no implicaría por sí mismo perder la ciudadanía mexicana ni quedaría prohibido para el conjunto de la población.
2. ¿Qué tendría que hacer una persona con doble nacionalidad?
Si una persona que tiene nacionalidad mexicana y otra ciudadanía quisiera competir por alguno de estos cargos, tendría que renunciar formalmente a la segunda nacionalidad antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
La propuesta pretende que esa renuncia sea un requisito previo para poder participar en el proceso electoral.
3. ¿Qué pasaría si la persona gana la elección?
Las restricciones no terminarían con el registro de la candidatura.
El proyecto plantea que quien ocupe alguno de los cargos señalados tampoco pueda solicitar o adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones.
Además, se contempla impedir el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país.
4. ¿También se limitaría la protección de otro país?
Sí.
El dictamen plantea que quienes ejerzan la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no puedan invocar una nacionalidad extranjera ante autoridades de otro Estado ni acogerse a su protección diplomática.
La intención de esta disposición es evitar que quien encabece alguno de estos gobiernos pueda recurrir a derechos derivados de una ciudadanía extranjera mientras se encuentra en funciones.
5. ¿Qué pasa con el requisito de residencia?
La iniciativa también plantea modificar las condiciones relacionadas con la residencia para la Presidencia de la República.
El proyecto establece un periodo mínimo de 20 años de residencia en el país como parte de los requisitos previstos en el artículo 82 constitucional.
Este punto debe analizarse junto con el texto definitivo que eventualmente sea aprobado por el Congreso, debido a que la reforma todavía se encuentra en proceso legislativo.
6. ¿Por qué el Gobierno quiere impulsar esta reforma?
La propuesta es defendida por el oficialismo bajo el argumento de fortalecer la soberanía nacional y garantizar que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos tengan como único vínculo jurídico de nacionalidad el mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que el interés de la nación debe estar por encima de cualquier otro y que quienes gobiernen México deben actuar sin posibles conflictos derivados de una segunda nacionalidad.
Desde esta perspectiva, la reforma busca cerrar posibles espacios de injerencia extranjera en decisiones relacionadas con el Estado mexicano.
7. ¿Por qué la oposición está en contra?
Las bancadas opositoras han cuestionado el proyecto por considerar que puede generar restricciones injustificadas para ciudadanos mexicanos que también cuentan con otra nacionalidad.
Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con la población mexicana que vive en el extranjero y que mantiene vínculos jurídicos con otros países.
También se ha cuestionado que el Congreso no haya abierto un proceso de Parlamento Abierto para escuchar a representantes de comunidades mexicanas en el exterior antes de avanzar con la reforma.
Organizaciones empresariales y representantes de mexicanos en Estados Unidos también han advertido que la medida podría excluir a ciudadanos con experiencia y vínculos internacionales de la posibilidad de ocupar cargos públicos.
8. ¿Cuándo podría aplicarse?
La aplicación de la reforma dependerá de que el Congreso apruebe el dictamen y de que posteriormente se cumplan todos los requisitos establecidos para una modificación constitucional.
El proyecto contempla disposiciones transitorias para determinar su entrada en aplicación en futuros procesos electorales. Este punto deberá quedar definido en el texto que finalmente apruebe el Congreso.
Por ello, no se puede considerar todavía que las nuevas reglas estén vigentes ni que afecten de manera inmediata a quienes actualmente ocupan cargos públicos.
9. ¿Qué falta para que sea una reforma constitucional?
El dictamen aprobado en comisiones todavía debe pasar por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Al tratarse de una reforma constitucional, necesita una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Después deberá recibir la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, conforme al procedimiento previsto por el artículo 135 constitucional.
Solo después de completar ese proceso y su posterior publicación oficial podrían entrar en vigor las nuevas disposiciones.
10. La clave: no se trata de eliminar la doble nacionalidad
El punto central de la iniciativa es que no busca prohibir que los mexicanos tengan dos nacionalidades.
Lo que propone es establecer una condición de nacionalidad exclusiva para quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Por ahora, se trata de una propuesta de reforma constitucional aprobada en comisión, no de una norma vigente. Su contenido todavía puede ser modificado durante la discusión legislativa.
