El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría convertido el robo y contrabando de combustible en una de sus principales fuentes de ingresos, mediante una red que incluye empresas fachada, prestanombres y gasolineras aparentemente legales en México, de acuerdo con investigaciones y sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las operaciones relacionadas con el huachicol permiten al grupo criminal obtener decenas de millones de dólares y utilizar negocios formalmente establecidos para introducir y comercializar combustible de procedencia ilícita.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha identificado en distintas investigaciones a operadores, empresas y estaciones de servicio vinculados al esquema.
En junio de 2026, el Tesoro señaló que las actividades relacionadas con el huachicol se habían convertido en la fuente de ingresos no relacionada con drogas más importante para los cárteles mexicanos y describió diferentes mecanismos utilizados para introducir combustible de Estados Unidos a México mediante esquemas de evasión fiscal.
¿Cómo funciona la red de combustible atribuida al CJNG?
Según el Departamento del Tesoro, las operaciones combinan distintas modalidades de robo, contrabando y evasión fiscal.
Una de ellas consiste en obtener combustible mediante el robo a infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que otra implica introducir gasolina, diésel y otros productos desde Estados Unidos hacia México sin pagar los impuestos correspondientes.
En este último esquema, conocido como huachicol fiscal, las organizaciones criminales recurren a empresas intermediarias, documentación aduanera falsificada y compañías fachada para ocultar el origen o destino real del combustible.
El Tesoro estadounidense señala que el combustible puede ser transportado mediante autotanques, ferrocarril o embarcaciones y posteriormente almacenado antes de llegar a estaciones de servicio vinculadas con las redes criminales o a puntos de venta irregulares.
Una vez comercializado, las ganancias pueden regresar a las organizaciones criminales mediante transferencias, depósitos en efectivo u operaciones realizadas a través de compañías utilizadas como intermediarias.
Gasolineras y empresas aparentemente legales
Uno de los elementos que destacan las investigaciones estadounidenses es el uso de negocios que, en apariencia, operan dentro de la economía formal.
El Departamento del Tesoro ha identificado estaciones de servicio vinculadas con integrantes del CJNG y ha señalado que algunos operadores recurren a familiares, subordinados o personas de confianza para ocultar quién controla realmente los negocios.
En julio de 2026, por ejemplo, OFAC señaló que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, mantenía control sobre una empresa gasolinera llamada Petrocoda S.A. de C.V. mediante su prima Areli Isis Medina Flores y su subordinado Gabriel Serrano Magaña. La empresa fue incluida en las sanciones estadounidenses.
El mismo documento identifica a Juan Carlos González, también conocido como “El Pelón”, como dirigente del CJNG después de la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y señala a Audias Flores Silva como uno de los integrantes de la estructura de liderazgo del grupo.
Estas señalamientos forman parte de las acciones administrativas de Estados Unidos y no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial en México.
El caso de Veracruz y la red de “El Tanque”
Las investigaciones estadounidenses también habían identificado previamente una red de estaciones de servicio en Veracruz relacionada con Iván Cazarin Molina, alias “El Tanque”.
En septiembre de 2024, OFAC señaló que Cazarin utilizaba familiares y asociados como prestanombres para administrar una red de gasolineras aparentemente legítimas donde se comercializaba combustible robado.
En aquella operación, Estados Unidos sancionó 11 empresas gasolineras con sede en Veracruz que, según OFAC, estaban vinculadas con la red.
El caso mostró uno de los mecanismos que las autoridades estadounidenses atribuyen al CJNG: utilizar negocios formales de venta de combustible para introducir las ganancias del huachicol en la economía legal.
¿Qué es el huachicol fiscal?
El término huachicol suele utilizarse para describir diferentes modalidades de robo y comercio ilegal de combustibles.
En el caso del llamado huachicol fiscal, el combustible puede ser adquirido en Estados Unidos y posteriormente introducido a México mediante documentación que, según las autoridades estadounidenses, contiene información falsa o permite evadir impuestos.
FinCEN señala que las organizaciones criminales utilizan comercializadoras mexicanas y compañías intermediarias para comprar el combustible, modificar o falsificar documentos y posteriormente introducirlo al mercado mexicano.
El objetivo es evitar el pago de impuestos de importación, particularmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y ocultar la verdadera procedencia del producto.
El combustible termina posteriormente en redes de distribución que pueden incluir gasolineras vinculadas con las organizaciones criminales.
El combustible, una fuente de ingresos paralela al narcotráfico
El Departamento del Tesoro sostiene que el huachicol se ha convertido en una fuente importante de recursos para organizaciones criminales mexicanas y que el CJNG combina estas operaciones con el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.
En mayo de 2025, OFAC señaló que una red vinculada al CJNG generaba cientos de millones de dólares al año mediante actividades que incluían narcotráfico, robo de combustible y contrabando de petróleo.
La dependencia estadounidense ha intensificado desde entonces las medidas financieras contra operadores y empresas relacionadas con estas actividades.
La ofensiva financiera de Estados Unidos contra el CJNG
El combate al dinero proveniente del combustible forma parte de una estrategia más amplia de Washington para atacar las finanzas del CJNG.
En julio de 2026, OFAC anunció la que describió como su mayor acción contra el cártel, con sanciones contra más de 50 personas y entidades vinculadas con su estructura, incluidas redes de narcotráfico y mecanismos utilizados para ocultar recursos.
La estrategia busca afectar no solamente a los integrantes armados de la organización, sino también a los empresarios, prestanombres, contadores y compañías que, de acuerdo con las investigaciones estadounidenses, permiten mover o esconder los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
De esta manera, el huachicol aparece como una pieza cada vez más relevante dentro del mapa financiero que las autoridades estadounidenses atribuyen al CJNG: una actividad que conecta el robo o contrabando de hidrocarburos con empresas formalmente constituidas, redes de transporte, operaciones financieras y puntos de venta de combustible.
