Un grupo de especialistas en materia electoral reunidos en el Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) lanzó esta semana un llamado de atención sobre ocho factores que, a su juicio, amenazan la libertad del sufragio y la equidad de las próximas elecciones. El documento, titulado “Riesgos para el voto libre al inicio del proceso electoral 2026-2027”, se dio a conocer días después de que arrancara formalmente el calendario federal y local.
Los firmantes —entre ellos Jorge Alcocer, Elba Arjona, José Ramón Cossío, Jesús Orozco Henríquez, Natalia Reyes Heroles y Diego Valadés— advierten que el proceso ya muestra señales preocupantes. Señalan los actos anticipados de precampaña que varios partidos han realizado sin que las autoridades electorales intervengan con contundencia. También cuestionan las designaciones unilaterales del secretario ejecutivo y de las direcciones del Instituto Nacional Electoral (INE) hechas por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, sin pasar por el pleno del Consejo General.
El comunicado menciona denuncias de al menos 836 despidos o remociones de servidores públicos del INE en la primera mitad del año. Según el Observatorio, ese relevo ha desplazado a personal con experiencia e imparcialidad y ha abierto espacio a personas cercanas a la actual presidencia del organismo. Otro punto central es la autorización para que los consejos distritales puedan validar las llamadas “boletas planchadas”, práctica que, recuerdan, contraviene los artículos 288 y 290 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obligan al elector a doblar su boleta antes de depositarla.
La posible participación de los “servidores de la nación” como observadores electorales genera especial inquietud. El grupo considera que su presencia en las casillas podría ejercer presión sobre los beneficiarios de programas sociales. A esto se suman la falta de transparencia en las decisiones del Consejo General, la recurrente intervención del crimen organizado en los procesos electorales y el anuncio de que en 2027 se mantendrá el criterio de asignación de diputaciones de representación proporcional que en 2024 otorgó a la coalición oficialista una sobrerrepresentación cuestionada.
El Observatorio exige además que el Senado complete las dos magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “La integración incompleta de la máxima autoridad de justicia electoral pone en entredicho su independencia”, subrayan.
En las últimas horas, el documento ha sido retomado por analistas como José Woldenberg, quien en una columna publicada este lunes calificó de “focos rojos” varios de los puntos señalados, en particular los cambios de personal en el INE y el criterio de sobrerrepresentación. Medios nacionales y locales han difundido el comunicado, mientras que la cuenta oficial de CEPNA lo hizo circular el 17 de septiembre.
Los especialistas cierran con un llamado a la ciudadanía: ante lo que perciben como una creciente parcialidad de las autoridades, la observación ciudadana organizada aparece como una vía para defender la integridad de las elecciones. El proceso electoral 2026-2027 apenas comienza y, advierten, las decisiones que se tomen en estos meses definirán si el voto se ejerce en condiciones de libertad y autenticidad.
