El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejará en las próximas horas el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, luego de que una jueza de control le otorgara la prisión domiciliaria. El panista, de 74 años, enfrentará desde su casa en Ensenada el proceso que se le sigue por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
La decisión fue tomada este viernes por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez. Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, la juzgadora modificó la prisión preventiva oficiosa que le había impuesto en julio y autorizó que el exmandatario continúe el procedimiento bajo resguardo domiciliario.
Según su defensa, el traslado podría concretarse en un plazo de 48 horas y estará a cargo de elementos de la Guardia Nacional. El abogado Juan Marcos Gutiérrez explicó que presentaron un reporte médico detallado sobre el estado de salud de Ruffo Appel, el cual fue analizado y avalado durante la diligencia. La Fiscalía General de la República no se opuso al cambio de medida.
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio pasado en Ensenada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Días después, una jueza lo vinculó a proceso junto con otras siete personas por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La Fiscalía lo señala como uno de los presuntos líderes de una red que, a través de la empresa Ingemar —de la que el exgobernador era accionista y secretario del consejo de administración—, habría introducido de manera irregular alrededor de 18 millones de litros de gasolina y diésel. De acuerdo con las investigaciones, las operaciones se realizaron principalmente por las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, declarando cantidades menores a las reales y evitando el pago de impuestos por más de 166 millones de pesos.
La FGR calificó el caso como una de las redes de huachicol fiscal más grandes detectadas hasta el momento. Además de Ruffo, otros imputados permanecen sujetos a proceso, algunos también en prisión preventiva y otros bajo medidas distintas.
Durante las casi dos semanas que pasó en El Altiplano, la defensa del exmandatario promovió amparos y solicitó en varias ocasiones el cambio de medida cautelar, argumentando su edad, problemas de salud y la ausencia de riesgo de fuga. Su hija, Verónica Ruffo, visitó el penal en días recientes y aseguró que su padre había bajado de peso, aunque se encontraba estable.
Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y se convirtió en el primer mandatario de oposición en el país, ha mantenido su inocencia. Su equipo legal insiste en que no administraba de forma directa las operaciones de Ingemar y que no existen pruebas que lo vinculen de manera personal a las irregularidades detectadas.
El cambio de medida cautelar no implica absolución ni el cierre del expediente. El proceso penal continúa y Ruffo deberá presentarse a las diligencias que se programen, ahora desde su domicilio en Baja California. La resolución representa un alivio para su familia y para el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, que en las últimas semanas había exigido públicamente que enfrentara el juicio fuera del penal de máxima seguridad.
