Expertos independientes de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos hicieron un llamado urgente al Gobierno de México para proteger a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, ante los niveles “alarmantes” de violencia que enfrentan. En los casos más graves, estas agresiones han terminado en asesinatos o en la propia desaparición de las activistas.
El comunicado, difundido este miércoles 30 de septiembre desde Ginebra, señala que las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos continúan expuestas a amenazas, agresiones físicas y riesgos letales mientras realizan una labor que, en muchos casos, las autoridades no han logrado garantizar.
El 29 de agosto de 2026 se denunció la desaparición de la defensora de derechos humanos Elisa Altagracia Bonilla, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores de edad. Días después, el 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrolladas por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.
También mencionaron el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, integrante del mismo colectivo, y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, reportada en octubre de 2025.
Uno de los puntos centrales del llamado es que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos es responsabilidad del Estado, y no puede recaer sobre las familias. “El Estado debe asumir plenamente esta responsabilidad y no trasladar la carga a las familias”, enfatizaron.
Al mismo tiempo, instaron a México a reconocer públicamente la importancia de la labor de las buscadoras. Celebraron que la Asamblea General de la ONU haya aprobado una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. Esta decisión, dijeron, reconoce formalmente la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de estas mujeres.
La declaración fue suscrita por Andrea Bolaños Vargas, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales; Grażyna Baranowska, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas; y Claudia Flores, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, entre otros.
De acuerdo con cifras presentadas por el propio Gobierno mexicano ante el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, al 10 de septiembre de 2025 el registro nacional contabilizaba 133 mil 236 personas desaparecidas o no localizadas. La magnitud de la crisis ha llevado a que familiares —en particular mujeres— se organicen en colectivos y participen directamente en las labores de búsqueda, muchas veces con recursos limitados y enfrentando condiciones extremas.
Los expertos recordaron que ya habían enviado comunicaciones previas al Gobierno mexicano expresando su preocupación, entre ellas una carta de abril de 2026 sobre el asesinato de Rubí Gómez-Tagle.
El llamado de este 30 de septiembre vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta fundamental: ¿quién protege a quienes arriesgan su propia vida para buscar a los desaparecidos?
