En Movimiento Ciudadano no piensan dejar que Morena convierta las gubernaturas de 2027 en una campaña adelantada con disfraz de coordinadores. El partido naranja presentó una nueva denuncia ante el INE por la promoción de sus 17 perfiles estatales, luego de que el Tribunal Electoral determinara que corresponde a los institutos electorales locales revisar posibles actos anticipados de precampaña y campaña. En MC tomaron nota del resolutivo, pero también encontraron la manera de mantener el tema en la cancha electoral.
La nueva queja pide revisar si las presentaciones de los aspirantes forman parte de una estrategia sistemática de posicionamiento anticipado y solicita que Morena y sus coordinadores se abstengan de realizar actos proselitistas, eventos de promoción y difusión propagandística antes de los plazos legales. Además, exige información sobre actividades y gastos. La lectura naranja es clara, si Morena ya puso a sus piezas sobre el tablero rumbo a 2027, alguien tendrá que vigilar que no jueguen antes de que suene el silbatazo.
MORENA Y LA FILA POR LA REELECCIÓN
En San Lázaro ya comenzó el desfile de legisladores de Morena que quieren repetir curul en 2027. Ricardo Monreal calcula que entre 130 y 150 diputados buscarán la elección consecutiva, una cifra que todavía puede moverse conforme avance el registro. La última oportunidad para reelegirse parece haber despertado el entusiasmo de más de uno, porque a partir de 2030 esta posibilidad estará prohibida para los cargos de elección popular.
Eso sí, en Morena nadie tiene el boleto asegurado. Monreal adelantó que los interesados deberán medirse en encuestas distritales y que de esos resultados saldrán las candidaturas. Así que, mientras algunos ya hacen cuentas para quedarse otros tres años, otros tendrán que convencer primero a sus propios compañeros y después a las encuestas. La carrera por la continuidad apenas comienza.
LA LEY ANTIMEMES YA HIZO RUIDO
La llamada Ley Antimemes, promovida por la mayoría de Morena en el Senado, ya encontró otro frente de cuestionamientos. Artículo 19 advirtió que la reforma, que contempla penas de hasta cinco años de prisión bajo determinadas circunstancias por utilizar o imitar la identidad gráfica del Gobierno, podría terminar alcanzando expresiones satíricas, críticas e informativas. El problema, según la organización, está en la redacción ambigua y en la falta de garantías para distinguir entre conductas ilícitas y contenidos protegidos por la libertad de expresión.
La advertencia no es menor. Periodistas, activistas y ciudadanos que utilizan símbolos gubernamentales para cuestionar o satirizar al poder podrían quedar expuestos a interpretaciones amplias de la nueva disposición. Artículo 19 también alertó sobre el efecto inhibidor que una sanción penal puede provocar en el debate público. Por lo pronto, la reforma que nació entre memes y controversia ya tiene a organizaciones defensoras de la libertad de expresión preguntando si el humor político también tendrá que pasar por el filtro de los abogados.
