El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes 2 de octubre, durante un mitin en Mobile, Alabama, que impulsará la ampliación de la pena de muerte para tres tipos de delincuentes: grandes narcotraficantes, traficantes de personas y quienes asesinen a agentes de policía. “Aprobaremos la pena de muerte para los grandes traficantes de drogas, los tratantes de personas y cualquiera que mate a un agente de policía”, declaró ante miles de simpatizantes.
La propuesta se enmarca en el discurso de seguridad pública que Trump ha mantenido desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. En esa ocasión emitió una orden ejecutiva titulada “Restoring The Death Penalty”, con la que reactivó las ejecuciones federales y ordenó al fiscal general perseguir la pena capital en los casos de mayor gravedad, especialmente cuando la víctima es un oficial de la ley o cuando el condenado es un inmigrante en situación irregular.
Durante el acto en Alabama, Trump también arremetió contra las políticas de fianza sin costo monetario (cashless bail o no-cash bail), que en varios estados permiten la liberación de detenidos sin el pago de una garantía económica. Según el mandatario, estas medidas facilitan la reincidencia y han contribuido al deterioro de la seguridad en algunas ciudades. Justificó el endurecimiento penal con lo que calificó como “caídas históricas” en los índices de criminalidad durante su administración.
Estados Unidos mantiene la pena de muerte en 27 estados. Alabama, donde se realizó el mitin, es uno de los que la aplica de manera activa. Trump ha defendido consistentemente este castigo desde su primer mandato, cuando se reanudaron las ejecuciones federales después de casi dos décadas de pausa. En su segundo periodo ha impulsado además la ampliación de métodos de ejecución, incluyendo la electrocución, el pelotón de fusilamiento y la asfixxia por gas.
El anuncio se produce en un momento en que las ejecuciones a nivel estatal han aumentado. En 2025 se registraron 47 ejecuciones, la cifra más alta desde 2009, y en lo que va de 2026 se han llevado a cabo más de dos decenas. Florida y Texas concentran la mayoría de estos casos. Sin embargo, 11 estados han abolido la pena capital en las últimas dos décadas, lo que refleja un debate nacional aún vigente.
La propuesta de Trump requerirá del respaldo del Congreso. El presidente condicionó en parte su viabilidad a que el Partido Republicano obtenga o mantenga mayorías en las elecciones de medio término. Mientras tanto, el mensaje busca reforzar su imagen de mano dura frente a la delincuencia, un tema que ha ocupado un lugar central en su agenda política desde 2016.
Analistas señalan que la ampliación de la pena de muerte a delitos de narcotráfico y trata de personas enfrentaría obstáculos legales y constitucionales, ya que la Corte Suprema ha establecido límites sobre qué crímenes pueden ser castigados con la muerte. Aun así, el anuncio genera un debate inmediato sobre el alcance de la justicia penal en Estados Unidos y el papel del gobierno federal en la aplicación de los castigos más severos.
