La información, difundida este miércoles por diversos medios a partir de fuentes familiarizadas con la investigación, indica que el anuncio podría producirse tan pronto como este jueves.
Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína e infracciones relacionadas con armas. Ambos se han declarado no culpables y permanecen detenidos sin derecho a fianza. El juicio está programado para junio de 2027.
Según las fuentes consultadas por CNN y confirmadas por un funcionario estadounidense a Reuters, los nuevos cargos se vinculan con lo que el gobierno de Estados Unidos considera la detención indebida de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en cárceles venezolanas. Investigadores también evalúan la posibilidad de imputar a otras personas por su presunta participación en estos hechos. Entre los casos que han trascendido figuran los de Matthew Heath, un veterano de la Marina, y Osman Khan, liberados en un intercambio de prisioneros en octubre de 2022. Ambos han descrito en testimonios públicos y demandas civiles haber sufrido tratos que incluyen descargas eléctricas, ahogamiento simulado, amenazas y periodos prolongados de aislamiento.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no ha confirmado oficialmente los nuevos cargos. Un portavoz se limitó a señalar que no comentaría la información. Los abogados de Maduro y Flores tampoco ofrecieron declaraciones inmediatas. La defensa del expresidente ha cuestionado la legalidad de la captura y sostiene que goza de inmunidad por actos realizados mientras ejercía la presidencia. Flores, de 69 años, tiene prevista para este jueves una audiencia en la que su equipo legal solicitará el arresto domiciliario alegando problemas cardíacos graves, incluida pérdida de peso y episodios de arritmia. La fiscalía se opone a esa petición.
El caso se enmarca en una relación bilateral marcada por tensiones prolongadas. Durante más de una década, Washington denunció que el gobierno de Maduro utilizaba a ciudadanos estadounidenses como piezas de negociación en intercambios de prisioneros y para obtener alivio de sanciones. Caracas, por su parte, ha rechazado de manera sistemática estas acusaciones y ha calificado las detenciones de motivadas por razones políticas o de seguridad nacional. Varios de los estadounidenses liberados en intercambios previos han presentado relatos coincidentes sobre las condiciones de su reclusión en instalaciones de inteligencia militar.
La ampliación de la acusación, de concretarse, sumaría un nuevo capítulo a un proceso ya complejo. Mientras la defensa insiste en la improcedencia de los cargos y en la necesidad de garantías procesales, los fiscales avanzan en una línea de investigación que busca vincular la cadena de mando con los tratos recibidos por los detenidos. La audiencia de este jueves, centrada en la situación de salud de Flores, coincidirá con el momento en que se espera conocer si los nuevos cargos se formalizan ante el juez Alvin Hellerstein.
Hasta el momento, ni Maduro ni su esposa han sido condenados por ninguno de los delitos que se les imputan. El desarrollo del caso sigue su curso en los tribunales federales de Nueva York, donde ambas partes continúan presentando mociones y argumentos previos al juicio.
