En Morena de Nuevo León ya comenzó el fuego amigo y no precisamente a puerta cerrada. Tatiana Clouthier, el senador Waldo Fernández y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, pidieron a la dirigencia nacional evitar que Clara Luz Flores llegue automáticamente a la candidatura de 2027 por haber sido nombrada coordinadora estatal. La inconformidad no es un episodio aislado. La salida de Virgilio Mendoza de la dirigencia del PVEM en Colima, en desacuerdo con una eventual alianza con Morena y tras la designación de Rosa María Bayardo Cabrera como coordinadora estatal morenista, exhibe las tensiones que provoca el reparto de posiciones rumbo a las próximas elecciones.
En Michoacán y Zacatecas también han surgido advertencias sobre el riesgo de perder gubernaturas por imposiciones y disputas internas. Sonora no escapa a los reclamos por las candidaturas y el método de encuestas, cuestionado por quienes ven en las decisiones de las cúpulas el verdadero factor de selección. Mientras las corcholatas miden fuerzas, el PT y el PVEM también muestran diferencias frente a algunas reformas de Claudia Sheinbaum. Morena insiste en proyectar unidad, pero cada designación parece abrir una nueva grieta.
MÁS COBROS, MENOS APLAUSOS
En San Lázaro, Morena y sus aliados sacaron adelante en lo general cambios a la Ley Federal de Derechos 2027 con 329 votos a favor y 117 en contra. La oposición advirtió que el aumento de cuotas en servicios de salud, visas, trámites migratorios y uso del espacio aéreo podría terminar trasladándose al bolsillo de los usuarios. El panista Héctor Saúl Téllez lanzó una crítica directa al contrastar el costo de los servicios médicos con la calidad que ofrece el sistema de salud.
Entre los incrementos señalados está el de las licencias sanitarias para servicios de transfusión sanguínea, que pasarían de mil 482 a 17 mil 349 pesos, así como las autorizaciones para protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos, de 8 mil 195 a 43 mil 209 pesos. La oposición ya encontró munición para cuestionar la política de cobros del oficialismo; ahora falta ver cómo se traducen estos ajustes en los costos para instituciones, investigadores y usuarios.
ARMENTA Y EL TOÑÍN, UNA CAPTURA QUE NO LLEGA
En Puebla, Alejandro Armenta terminó poniendo sobre la mesa una pregunta incómoda para su gobierno. ¿Por qué sigue libre Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, señalado por presuntos vínculos con el huachicol en el Triángulo Rojo? El gobernador aseguró que no se trata de falta de voluntad, sino de prudencia, y habló de supuestas complicidades con gobernantes y socios. Una explicación que, lejos de cerrar el tema, abre más interrogantes sobre el alcance de las redes que el propio mandatario dice enfrentar.
Armenta recordó el operativo del 19 de noviembre de 2021 en Tecamachalco, donde fueron asesinados tres agentes ministeriales, y sostuvo que las capturas deben manejarse con cautela ante los riesgos para las fuerzas de seguridad. Sin embargo, mientras el discurso oficial apela a la prudencia, la ausencia de resultados concretos en este caso mantiene la presión sobre el gobierno poblano. Si existen complicidades políticas, como sugirió el mandatario, la pregunta es inevitable. ¿Quiénes son y hasta dónde llegan? Porque en el combate al huachicol, las explicaciones públicas no sustituyen las investigaciones ni los resultados.
