Familiares de personas privadas de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México denunciaron esta semana la persistencia de cobros irregulares para acceder a visitas, ingresar alimentos y obtener atención médica o espacios considerados más seguros. Según los testimonios recabados por medios locales, quienes se niegan a pagar enfrentan agresiones físicas, en algunos casos atribuidas a otros internos o a personal de custodia.
Los relatos coinciden en que las cuotas forman parte de una dinámica cotidiana. Una de las personas entrevistadas explicó que para que su yerno no fuera golpeado debía aportar recursos de manera constante. Otras menciones hablan de pagos que van desde cantidades menores por el simple acceso a áreas básicas, como el baño, hasta sumas cercanas a los 900 pesos por el derecho a la visita familiar o alrededor de 2 mil pesos para garantizar cierta protección o comodidad dentro del penal. Los familiares afirman que estas prácticas no son excepcionales y que afectan directamente la economía de los hogares, ya que muchas de las personas que acuden a las visitas dependen de ingresos limitados.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México respondió de manera categórica. La dependencia aseguró que en ninguno de los 13 centros penitenciarios de la capital existe autogobierno, extorsiones ni cuotas ilícitas. Según sus comunicados, se han reforzado las supervisiones: más de 51 mil inspecciones ordinarias y casi 300 extraordinarias, instalación de inhibidores de señal celular y traslados de internos de alto perfil a centros federales. La SSC también destacó el incremento del personal de custodia, programas de capacitación y una inversión anunciada de cerca de 200 millones de pesos para 2026 destinada a mejoras de infraestructura, como impermeabilización, pintura y rehabilitación de instalaciones sanitarias y eléctricas, con prioridad en algunos centros.
Sin embargo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofrece un panorama distinto. El documento identifica condiciones de autogobierno o cogobierno, así como actividades ilícitas, extorsión y sobornos, en al menos cinco centros de la capital, entre ellos el Reclusorio Sur, el Norte, el Oriente, la Penitenciaría de la Ciudad de México y el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I. La CNDH señala deficiencias en la clasificación de internos, falta de personal suficiente de seguridad y problemas en los procedimientos disciplinarios. La calificación general de la Ciudad de México en ese ejercicio se ubicó en 5.81.
Las autoridades capitalinas han cuestionado la metodología del diagnóstico y solicitaron reuniones con el organismo nacional para contrastar información. Al mismo tiempo, reconocen la necesidad de modernizar un sistema penitenciario con instalaciones de décadas de antigüedad y de fortalecer las condiciones de reinserción social.
Las denuncias de los familiares se suman a un patrón de quejas que se ha documentado en distintos penales de la zona metropolitana a lo largo de los últimos años. Mientras las autoridades sostienen que mantienen el control institucional y que las mejoras están en marcha, los testimonios de quienes viven el día a día fuera y dentro de los muros del Reclusorio Sur apuntan a que las prácticas de cobro continúan afectando la vida cotidiana de cientos de familias.
