Un Tribunal Federal sancionó a cuatro funcionarios del Banco del Bienestar por irregularidades que provocaron un daño patrimonial de 380 millones de pesos, según información publicada por el diario Reforma el 18 de octubre de 2026. Las anomalías se relacionan con contratos adjudicados a una empresa encargada de la gestión inmobiliaria de 2.750 sucursales del banco durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Entre los sancionados destaca Yuliet Luis Reyes, quien fue inhabilitada por 15 años para desempeñar cargos públicos y obligada a resarcir los 380 millones de pesos. Alberto Medina Zamudio recibió una inhabilitación de 10 años y la obligación de pagar 347 millones de pesos. Otros dos funcionarios también fueron sancionados en el mismo expediente, aunque con montos menores.
La sentencia puede ser apelada ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El caso se centra en la adjudicación y ejecución de contratos relacionados con la administración y gestión de inmuebles que albergaron la amplia red de sucursales construidas como parte de la expansión del Banco del Bienestar, institución encargada de dispersar los recursos de los programas sociales federales.
La resolución judicial se produce en un contexto en el que el banco ha enfrentado diversos señalamientos sobre su operación y controles internos en años recientes. Sin embargo, esta sanción específica se refiere a un daño patrimonial cuantificado en cientos de millones de pesos vinculados a la gestión inmobiliaria.
Las autoridades competentes continúan el proceso administrativo y, en su caso, las acciones de recuperación de recursos. La posibilidad de apelación mantiene el caso abierto, pero la determinación del tribunal representa una de las sanciones más elevadas aplicadas a funcionarios de la institución en los últimos años.
El Banco del Bienestar, creado para facilitar el acceso a servicios financieros y la entrega directa de apoyos sociales, opera una de las redes de sucursales más grandes del país. La sanción pone de relieve la importancia de los controles en la contratación de servicios de apoyo a esa infraestructura.
