La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió en los últimos días al operativo realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, como una acción “muy irresponsable” que, además, habría violado la ley. El señalamiento se produce en el contexto de la detención del exfiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien enfrenta procesos penales tanto en el fuero local como en el federal por su presunta responsabilidad en los hechos.
De acuerdo con las investigaciones, entre el 17 y el 19 de abril de 2026 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua llevaron a cabo un despliegue en la sierra Tarahumara orientado a localizar y desmantelar laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas. En el lugar se aseguraron volúmenes importantes de precursores químicos y sustancias, lo que las autoridades estatales y federales han reconocido como un resultado relevante en el combate al crimen organizado.
Sin embargo, el operativo terminó con un trágico accidente automovilístico en las inmediaciones de la comunidad de Polanco. En el siniestro perdieron la vida el entonces director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes; el oficial Manuel Genaro Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. Inicialmente, el propio Jáuregui, entonces fiscal, presentó a los extranjeros como instructores de la Embajada de Estados Unidos que realizaban labores de capacitación. Versiones posteriores y testimonios recabados por la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que los agentes extranjeros habrían participado de manera activa en el despliegue táctico, portando armamento y coordinándose con personal mexicano.
La presidenta Sheinbaum ha insistido desde el primer momento en que el gobierno federal no tuvo conocimiento previo de la colaboración ni de la presencia de personal extranjero en actividades de seguridad que, según la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, corresponden a la Federación. La FGR sostiene que Jáuregui habría ordenado y coordinado el operativo irregular sin abrir previamente una carpeta de investigación formal y sin notificar a las autoridades federales, lo que configura, a juicio de la fiscal general Ernestina Godoy, el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. El exfiscal fue detenido el 17 de octubre por autoridades estatales por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Poco después, al obtener medidas cautelares que le permitían enfrentar el proceso local en libertad, la FGR ejecutó una orden federal y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha sostenido que no autorizó ni tuvo conocimiento de la participación de agentes extranjeros en la operación. El gobierno estatal ha defendido los resultados del operativo, argumentando que impidió la distribución de grandes cantidades de droga, y ha señalado que lo que se investiga es la forma en que se condujo la acción y posibles omisiones en la cadena de mando, no el logro en sí mismo.
Jáuregui renunció al cargo el 27 de abril de 2026 y reconoció en su momento “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional”. En declaraciones posteriores afirmó que volvería a actuar de la misma manera ante la amenaza del crimen organizado. Los dos procesos penales continúan su curso: uno en el fuero común en Chihuahua y otro en el federal por el cargo más grave de traición a la patria. Las investigaciones de la FGR se basan en más de un centenar de actos de investigación, incluidos testimonios de elementos que participaron en el operativo.
El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la colaboración entre autoridades estatales y extranjeras, el respeto al pacto federal y la necesidad de protocolos claros en el combate al narcotráfico, sin perder de vista los resultados operativos obtenidos.
