Una jueza de Florida firmó una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en la conspiración que derivó en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque en el que murieron cuatro personas. La medida fue anunciada el lunes 19 de octubre de 2026 por el fiscal general del estado, James Uthmeier.
La orden fue firmada por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y contempla un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, de acuerdo con las autoridades estatales. El documento establece que Castro no tiene derecho a fianza en este proceso.
El caso se relaciona con el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate MiG de Cuba derribaron dos aeronaves Cessna de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. Las cuatro personas que viajaban en ellas murieron; tres eran ciudadanos estadounidenses y la cuarta tenía residencia permanente legal en Estados Unidos.
Today, we announced that our office secured a state arrest warrant for communist dictator Raúl Castro, charging him with Conspiracy to Commit First-Degree Murder for the Feb 24, 1996, shootdown of two unarmed Brothers to the Rescue aircraft over international waters.
— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 19, 2026
Raúl… pic.twitter.com/NkgBxCOatM
¿De qué acusan a Raúl Castro en Florida?
La fiscalía estatal sostiene que Castro tuvo un papel en la cadena de mando que autorizó el derribo de las aeronaves. En ese momento, el exmandatario ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y era una de las principales figuras del aparato militar del país.
Según los documentos de la investigación, agentes de inteligencia cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate recopilaron información sobre los vuelos de la organización y la transmitieron a autoridades de La Habana. Los fiscales consideran que esas actividades contribuyeron a preparar el ataque.
Entre los elementos citados por las autoridades figura una grabación en la que, según la investigación, Castro habría dado instrucciones para derribar las aeronaves. La fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso ante la justicia estatal; sin embargo, las acusaciones deberán resolverse en el proceso judicial correspondiente.
Hermanos al Rescate, organización con sede en Miami, realizaba vuelos para localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
La orden estatal se suma a una acusación federal
La medida de Florida se suma al proceso federal anunciado en mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusó formalmente a Castro por su presunta participación en los hechos de 1996.
Ambas investigaciones están relacionadas con el derribo de las avionetas, aunque corresponden a procedimientos judiciales distintos. La nueva acusación estatal representa otra vía para que las autoridades estadounidenses busquen responsabilidades penales por la muerte de los cuatro ocupantes.
El fiscal general James Uthmeier afirmó que Florida continuará con las acciones legales relacionadas con el caso, casi tres décadas después del ataque.
🚨 BREAKING: An ARREST WARRANT has just been issued against communist former Cuban leader RAUL CASTRO, 95-year-old brother of Fidel Castro
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 19, 2026
This is STATE CHARGE, conspiracy to commit first degree M*RDER
FLORIDA FAFO! ☀️
A FL judge found probable cause to believe he committed… pic.twitter.com/Iz51jNfbu0
¿Pueden arrestar a Raúl Castro en Cuba?
La orden emitida por una jueza de Florida no autoriza por sí misma a las autoridades estadounidenses a ingresar en territorio cubano para detener a Castro. Su ejecución dependería de factores jurisdiccionales, diplomáticos y de cooperación judicial.
El fiscal general de Florida señaló que la orden limitaría las posibilidades de viaje del exmandatario, de 95 años, al exponerlo a una posible detención si se desplaza a lugares donde las autoridades puedan ejecutar el mandato judicial y exista cooperación legal con Estados Unidos.
No obstante, una orden estatal estadounidense no adquiere automáticamente vigencia ejecutable en todos los países. Una eventual detención fuera de Estados Unidos dependería de las leyes del país correspondiente y de los mecanismos de cooperación aplicables.