La crisis habitacional en Barcelona vuelve a golpear a los más indefensos. Ghariba, una madre soltera con un hijo menor de edad, fue víctima de un violento desalojo en el barrio de El Clot por parte de la policía autonómica, tras confirmarse una estafa inmobiliaria que la dejó en la calle.
La afectada había estado pagando cumplidamente su renta a un intermediario que le realquiló el inmueble de forma fraudulenta. Este estafador jamás entregó las mensualidades a la empresa propietaria (Rambert 2001 SL), lo que desencadenó un proceso judicial por impago del que Ghariba ni siquiera era responsable directa.
A pesar de la movilización ciudadana y vecinal organizada para frenar la orden, los juzgados decidieron no aplicar la moratoria de desahucios. El argumento técnico fue que la víctima no constaba de manera formal en el contrato principal de alquiler. Esta decisión judicial deja al descubierto cómo los grandes tenedores de vivienda pueden sortear los decretos de protección social, desamparando por completo a familias en situaciones extremas de vulnerabilidad.
Desahuciada en Barcelona una madre soltera, vulnerable y víctima de estafa, a pesar del decreto de vivienda https://t.co/qGxZFR1cYl
— elDiario.es (@eldiarioes) October 20, 2026
