En la Mañanera del Pueblo del 21 de octubre de 2026, autoridades federales presentaron un balance de las acciones contra el comercio ilícito de combustibles. El subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro, detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha cancelado a 2 mil 224 empresas por vender combustible sin los permisos correspondientes. Asimismo, se impusieron multas a 2 mil 32 gasolineras por incumplimientos relacionados con controles volumétricos y se dio de baja a 180 empresas importadoras por presunto contrabando. Además, se identificaron 175 empresas catalogadas como “factureras”.
Estas cifras forman parte de una estrategia integral que combina medidas regulatorias, fiscales y penales para combatir el llamado “huachicol fiscal” y el contrabando de hidrocarburos. Según los datos presentados, se han recuperado mil 952 millones de litros de combustible en el marco de estas operaciones. El combate también ha generado un impacto positivo en la recaudación: las ventas sujetas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) pasaron de 49 mil 926 millones de litros en 2024 a 59 mil 148 millones en el periodo enero-septiembre de 2026, lo que se tradujo en un incremento de 48 mil 411 millones de pesos en la recaudación declarada.
El esquema de las empresas factureras ha sido uno de los focos de atención. Estas compañías emitían comprobantes fiscales por operaciones de compraventa de combustible que en realidad no se realizaban: no transportaban ni entregaban el producto. Muchas de ellas tenían una vida operativa muy corta, se constituían, facturaban y desaparecían para dar paso a nuevas sociedades. El SAT ha cancelado la posibilidad de emitir facturas a miles de estas comercializadoras desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el ámbito de las gasolineras, las multas se relacionan principalmente con el incumplimiento de los controles volumétricos, sistemas que permiten verificar que el combustible que se vende corresponde al que se declara. La falta de estos controles facilita la introducción de combustible de procedencia ilícita a las estaciones de servicio. La cancelación de permisos y el cierre de empresas que operaban sin autorización buscan cerrar los espacios de ilegalidad en la cadena de valor de los combustibles.
Las acciones también incluyen el monitoreo de unidades de transporte. Se reportó que más de 61 mil unidades cuentan con sistemas de GPS y código QR, lo que representa alrededor del 93 por ciento del total. Este seguimiento permite rastrear el combustible desde su importación o refinación hasta su venta final y verificar que coincida con lo declarado ante las autoridades.
El gobierno federal ha insistido en que el combate al comercio ilícito de combustibles no solo tiene un impacto fiscal, sino también de seguridad y de competencia leal en el mercado. La recuperación de litros y el aumento de la facturación legal reflejan, según las autoridades, que las medidas están dando resultados. Al mismo tiempo, se mantiene el abasto regular de gasolinas y diésel en el país, con inventarios suficientes tanto de Pemex como de los participantes privados.
La presentación de estos datos en la conferencia matutina forma parte de la rendición de cuentas periódica sobre el combate a la ilegalidad en el sector energético. Las denuncias presentadas por el SAT y por Pemex (miles de ellas por robo de combustible y defraudación fiscal) continúan su curso en las instancias correspondientes, mientras las autoridades fiscales y energéticas mantienen la supervisión de la cadena completa.
