La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que se encuentra revisando, en coordinación con autoridades de Protección Civil, el riesgo de colapso inminente de construcciones irregulares ubicadas frente a la playa de San Pancho (San Francisco), en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Los daños estructurales de las torres del complejo Punta Paraíso se agravaron por el oleaje, las tormentas y el paso de fenómenos meteorológicos, incluyendo huracanes recientes.
En un comunicado, la Profepa señaló que acompañará los protocolos de emergencia que determinen las autoridades competentes, con el objetivo de dar prioridad a la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas. Personal de la dependencia acudió al sitio para evaluar las condiciones de riesgo y coordinar acciones con Protección Civil estatal y municipal, así como con la Dirección de Desarrollo Urbano.
De acuerdo con peritajes preliminares, dos de las torres orientadas hacia el mar presentan los daños más severos, mientras que un tercer módulo se mantiene en mejores condiciones. El fuerte oleaje ha erosionado la arena y dejado expuestos parte de los cimientos, incrementando el peligro estructural. Las autoridades analizan la viabilidad de una demolición controlada para evitar riesgos adicionales y minimizar impactos al ecosistema costero.
El complejo Punta Paraíso, construido por la empresa Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V., ha sido objeto de un largo litigio ambiental. En octubre de 2026, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó por unanimidad un amparo a la empresa y confirmó las sanciones impuestas por la Profepa. La resolución obliga a la constructora a demoler las obras irregulares identificadas como Torre 1 y Torre 2, restituir a su estado base una superficie de 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar y pagar una multa de 96 mil 220 pesos. Además, se decretó la pérdida de los bienes en beneficio de la Nación.
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, calificó el fallo judicial como “una importante victoria para la comunidad de San Pancho y para la justicia ambiental”, al prevalecer la protección del ecosistema y la recuperación de bienes nacionales. Las construcciones se erigieron en zona federal marítimo terrestre, incluyendo áreas de anidación de tortugas marinas, sin las autorizaciones correspondientes.
El caso ilustra los riesgos de las edificaciones irregulares en zonas costeras vulnerables al cambio climático y a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Las autoridades mantienen el resguardo de la zona y continúan las evaluaciones técnicas para definir las medidas de emergencia más adecuadas, siempre con la seguridad de las personas como prioridad.
