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Meta deberá pagar 25 mil millones de dólares a Nuevo México por engañar a usuarios de Facebook

El caso muestra cómo las leyes estatales de protección al consumidor pueden utilizarse para examinar las prácticas de las grandes plataformas digitales. Foto: EFE
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Un juez de Nuevo México ordenó a Meta Platforms pagar 25 mil millones de dólares por violaciones a las leyes estatales de protección al consumidor, luego de que un jurado concluyera que Facebook hizo declaraciones falsas o engañosas sobre el manejo de los datos personales, la privacidad y la moderación de contenidos.

La resolución fue emitida el 21 de octubre de 2026 por el juez estatal Francis J. Mathew y representa una de las sanciones económicas más cuantiosas impuestas a una empresa en Estados Unidos. Sin embargo, el caso todavía puede cambiar: Meta anunció que apelará el fallo para intentar reducir o revertir la penalización.

La demanda fue presentada en 2021 por el Departamento de Justicia de Nuevo México y está relacionada con el escándalo de Cambridge Analytica, que expuso el uso indebido de información personal de usuarios de Facebook. No obstante, el proceso judicial también examinó las afirmaciones de la compañía sobre la protección de datos y sus medidas para combatir la desinformación y los discursos de odio.

¿Por qué multaron a Meta con 25 mil millones de dólares?

El origen inmediato de la sanción fue el veredicto de un jurado emitido en septiembre de 2026. Después de analizar las declaraciones de Facebook y sus directivos, los integrantes del jurado concluyeron que la empresa había incurrido en 43 millones 899 mil 725 violaciones a la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México.

Los señalamientos incluyeron afirmaciones que podían inducir a error a los consumidores sobre quién tenía acceso a sus datos personales, cómo se compartía esa información y qué hacía la plataforma para limitar la difusión de contenidos dañinos.

De las 29 declaraciones examinadas durante el juicio, 26 fueron consideradas falsas o engañosas. El fallo también tomó en cuenta el alcance de las comunicaciones de la compañía, la repetición de las conductas y la participación de altos directivos en las decisiones relacionadas con las políticas de la plataforma.

La legislación estatal contempla sanciones de hasta 5 mil dólares por cada infracción. Al aplicar ese límite al número de violaciones identificadas, el cálculo inicial superó los 219 mil millones de dólares.

Sin embargo, el juez Mathew redujo la penalización a 25 mil millones de dólares, monto que Meta deberá pagar conforme a la sentencia, sujeto al desarrollo de las impugnaciones judiciales. La resolución también establece que se acumularán intereses anuales de 15 por ciento mientras la cantidad permanezca pendiente de pago.

¿Qué relación tiene la multa con el caso Cambridge Analytica?

El proceso está vinculado con el escándalo de privacidad que alcanzó relevancia internacional en 2018, cuando se reveló que Cambridge Analytica había obtenido información personal de millones de usuarios de Facebook mediante una aplicación de terceros.

La consultora política utilizó esos datos para elaborar perfiles y orientar publicidad política durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, en la que Donald Trump resultó electo.

Las investigaciones sobre el caso pusieron bajo escrutinio las prácticas de Facebook para compartir información con desarrolladores externos y las medidas adoptadas para informar a sus usuarios sobre el uso de sus datos.

La demanda de Nuevo México retomó ese contexto, pero amplió el cuestionamiento a las declaraciones públicas de la compañía sobre sus políticas de privacidad, la protección de la información y la moderación de contenidos.

A diferencia de otros estados que participaron en acuerdos relacionados con las reclamaciones por el manejo de datos, Nuevo México decidió llevar su caso a juicio de manera independiente. La estrategia permitió que un jurado evaluara las acusaciones bajo la legislación estatal de protección al consumidor.

¿Qué dijo Meta sobre la sanción?

Meta rechazó la resolución y confirmó que impugnará el resultado ante tribunales superiores. C. J. Mahoney, director jurídico de la empresa, sostuvo que el enfoque del fiscal general de Nuevo México dificulta operar comercialmente en el estado.

La compañía también argumentó que el caso plantea problemas relacionados con la libertad de expresión y la aplicación de sanciones excesivas. En la apelación, podrá cuestionar tanto las conclusiones del juicio como el método utilizado para calcular el número de infracciones y el monto de la penalización.

Analistas legales consultados por Reuters señalaron que la empresa tiene argumentos para intentar reducir la multa. Entre los puntos que podrían discutirse está si cada infracción debe contabilizarse a partir de la posible exposición de los consumidores a las declaraciones cuestionadas o si es necesario demostrar que las personas efectivamente las vieron.

La apelación será determinante para establecer si la sanción se mantiene en los 25 mil millones de dólares o si los tribunales modifican su alcance. Por ello, aunque el juez ya emitió la orden, el monto no debe confundirse con dinero que la empresa haya pagado definitivamente al estado.

¿En qué se utilizaría el dinero de la multa?

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, sostuvo que los recursos obtenidos se destinarían a la infraestructura de las escuelas públicas del estado, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

La sentencia, sin embargo, no significa que los usuarios de Facebook recibirán automáticamente una compensación individual. La penalización fue impuesta a favor del estado como consecuencia de las infracciones a la legislación de protección al consumidor.

Además del pago, el tribunal dejó pendiente la decisión sobre posibles medidas adicionales para modificar las prácticas de la compañía. Ese aspecto deberá resolverse en una etapa posterior del procedimiento.

¿Qué significa el fallo para las empresas tecnológicas?

El caso muestra cómo las leyes estatales de protección al consumidor pueden utilizarse para examinar las prácticas de las grandes plataformas digitales, incluso cuando las acusaciones involucran políticas de privacidad, moderación de contenidos y comunicación con millones de usuarios.

Para Meta, la resolución representa un nuevo frente judicial y financiero. Para otras empresas tecnológicas, el resultado podría convertirse en un precedente relevante sobre las consecuencias de realizar afirmaciones engañosas acerca del uso y la protección de la información personal.

No obstante, el alcance definitivo del caso dependerá de las siguientes etapas judiciales. La apelación de Meta y la resolución de los asuntos que siguen pendientes determinarán si la sanción se mantiene y qué otras obligaciones deberá cumplir la compañía.

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