La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advirtió que las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) incluidas en el Paquete Económico 2027 podrían poner en riesgo la operación de hasta mil agencias de vehículos y alrededor de 70 mil empleos directos en el país. El organismo señala que el límite a la deducibilidad de gastos, fijado en un máximo de aproximadamente 96.6 por ciento de los ingresos acumulables para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos, impactaría de manera especial a un sector que opera con márgenes de utilidad muy estrechos.
De acuerdo con Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, las distribuidoras de automóviles suelen registrar utilidades antes de impuestos de entre 1 y 3 por ciento. En esas condiciones, el tope a las deducciones obligaría a muchas empresas a pagar el ISR sobre una utilidad que en la práctica no existe. Los cálculos del organismo ilustran el efecto: con un margen de 2 por ciento, la tasa efectiva del impuesto podría pasar del 30 al 50 por ciento; con 1 por ciento de utilidad, la carga podría alcanzar el 100 por ciento, y en escenarios aún más reducidos elevarse aún más.
La medida forma parte de un paquete de cambios fiscales impulsado por el Ejecutivo y aprobado en lo general por el Congreso, cuyo objetivo declarado es combatir abusos en la planeación fiscal y el uso de facturas falsas.
Autoridades han argumentado que se trata de un mecanismo de control para empresas de cierto tamaño, destinado a garantizar una base gravable mínima y fortalecer la recaudación. El Senado incorporó una excepción al artículo 78-E de la Ley del ISR para excluir del nuevo régimen de control de deducciones y pérdidas fiscales a las empresas de la industria automotriz terminal que operan bajo el régimen de depósito fiscal (ensamble y fabricación) y a las comercializadoras de gasolina y diésel. Sin embargo, los distribuidores y agencias de venta al público quedaron fuera de esa excepción, por lo que el dictamen regresó a la Cámara de Diputados.
La AMDA ha insistido en que las empresas de distribución no recurren a esquemas de abuso, sino que su estructura de costos y márgenes responde a la naturaleza misma del negocio de comercialización de vehículos. El organismo solicitó a la Presidencia de la República la emisión de un decreto que reconozca las particularidades de esta actividad económica de bajo margen y permita atenuar el impacto de la reforma.
Rosales Zárate subrayó que el sector genera empleo formal y contribuye de manera relevante a la recaudación de impuestos como el ISAN, el IVA y el propio ISR.
Hasta el momento no se ha anunciado una solución definitiva. El proceso legislativo continúa y el sector mantiene comunicación con autoridades. Mientras tanto, la alerta de la AMDA ha generado debate sobre el equilibrio entre el combate a la evasión y la viabilidad de actividades económicas con márgenes reducidos, en un contexto en el que la industria automotriz enfrenta también otras presiones, entre ellas las derivadas de cambios en el comercio internacional.
La comercialización de vehículos nuevos representa una de las principales actividades económicas del país y sostiene una red de empleo y de derrama fiscal significativa. El desenlace de esta discusión fiscal definirá, en buena medida, las condiciones en las que operarán miles de agencias durante 2027 y los años siguientes.
