Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez, ocurrido el pasado 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir parte del ataque y señaló que el homicidio habría sido planeado con anticipación.
Según el fiscal, los detenidos son identificados como Manases y Alberto, alias “El Semáforo”. Ambos se encuentran bajo custodia de las autoridades judiciales. Llaven Abarca detalló que las investigaciones siguen abiertas para identificar a otros posibles involucrados y, especialmente, para esclarecer quién ordenó el crimen. “Seguimos recabando datos de prueba y realizando diligencias de campo para dar con los demás que hayan participado en este lamentable hecho. No habrá impunidad”, aseguró el titular de la Fiscalía en una transmisión en vivo.
El ataque se registró la tarde del miércoles 28 de octubre. Reynaldo Pérez Pérez, de 38 años, indígena tsotsil y acompañante de familias desplazadas por la violencia, se encontraba en un taller mecánico de Yabteclum cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon en varias ocasiones. El defensor murió en el lugar a causa de heridas de arma de fuego. Algunos reportes señalan que su hijo de nueve años lo acompañaba en ese momento.
Pérez Pérez formaba parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde junio de 2023. Contaba con medidas como un botón de pánico y un teléfono satelital. Su labor se centraba en acompañar a decenas de familias tzotziles desplazadas de la comunidad de Santa Martha y de otras zonas afectadas por conflictos armados y agrarios en Chenalhó, Pantelhó y municipios aledaños. En 2023 él mismo había sido desplazado tras un ataque armado que dejó varios muertos.
El fiscal explicó que el ataque fue premeditado. Un hombre en motocicleta habría rondado previamente el área y después regresado acompañado del sicario que ejecutó los disparos. Las autoridades analizan el material de videovigilancia y continúan con peritajes para establecer la ruta de los agresores y posibles vínculos con grupos armados que operan en la región.
En paralelo, José Vázquez Gutiérrez, también defensor de derechos humanos y compañero de trabajo de Pérez Pérez, denunció haber recibido amenazas de muerte y solicitó protección a las autoridades. Vázquez, quien igualmente está incorporado al Mecanismo de Protección, explicó que una semana antes del asesinato ambos habían recibido avisos de que estaban siendo vigilados y que planeaban matarlos. “Yo se lo comenté a Reynaldo. Ten mucho cuidado al salir, le dije. Pero sucedió”, relató el activista tras rendir declaración ante la Fiscalía de Justicia Indígena.
Vázquez mantiene abiertas al menos dos denuncias por amenazas que, según dijo, no han avanzado. Pidió a las autoridades estatales y federales reforzar las medidas de seguridad para quienes acompañan a familias desplazadas, y advirtió que el clima de violencia en Chenalhó y Pantelhó pone en riesgo a defensores, mujeres, niños y adultos mayores de las comunidades afectadas.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han exigido una investigación exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos, considerando la labor de acompañamiento de Pérez Pérez como una posible línea de investigación. Relatores de la Organización de las Naciones Unidas ya habían alertado en febrero de 2025 sobre las amenazas que enfrentaban tanto Pérez como Vázquez, y señalaron que las medidas de protección resultaban insuficientes.
La región de los Altos de Chiapas mantiene una larga historia de violencia vinculada a grupos armados, conflictos territoriales y desplazamiento forzado. El asesinato de Reynaldo Pérez Pérez se suma a una serie de agresiones contra defensores que acompañan a comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía insistió en que el caso no quedará impune y que se trabajará hasta identificar a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.
Mientras tanto, la familia del defensor asesinado y las organizaciones que lo acompañaban demandan resultados concretos y protección efectiva para quienes continúan la labor de defensa de los derechos humanos en una de las zonas más conflictivas del estado.
