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Mapa del Paro Nacional: Suman más de 20 regiones unidas a las protestas del Poder Judicial

El movimiento de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se extiende a gran escala. Un balance de las sedes sindicales y circuitos judiciales revela que más de una veintena de estados y ciudades clave del país han frenado actividades en rechazo a las evaluaciones de diciembre.
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El movimiento de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se extiende a gran escala. Un balance de las sedes sindicales y circuitos judiciales revela que más de una veintena de estados y ciudades clave del país han frenado actividades en rechazo a las evaluaciones de diciembre.


Reporte gráfico de los circuitos judiciales y sedes a nivel nacional que se integran a las jornadas de protesta. (Foto: Cortesía / Secretario PJF en X)

La inconformidad al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha tomado una dimensión plenamente nacional. Tras los bloqueos iniciales en sedes específicas, se ha dado a conocer el mapa actualizado de las entidades federativas y circuitos judiciales que han decidido sumarse activamente al paro general de labores, reflejando el alcance masiva de la protesta de los trabajadores.

El despliegue del movimiento abarca puntos neurálgicos de norte a sur de la República Mexicana. Entre las principales sedes que han cesado actividades destacan ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez; polos económicos del norte como Monterrey; y de la región occidente y centro como Guadalajara, Zapopan, Toluca, Morelia, Uruapan y Cuernavaca. Asimismo, estados del sur y del Golfo como Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco mantienen tomadas o cerradas sus instalaciones civiles.

En la Ciudad de México, el epicentro del movimiento se concentra en complejos judiciales clave como San Lázaro, Ajusco, Las Flores, Prisma y Revolución. Los representantes de los trabajadores inconformes reiteraron que la suspensión de plazos y actividades se mantendrá firme como medida de presión frente al Consejo de la Judicatura, exigiendo de manera unificada la cancelación o modificación de las evaluaciones de desempeño programadas para los oficiales judiciales a mediados de diciembre, las cuales consideran lesivas para sus derechos laborales adquiridos.

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