La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público levantó de manera parcial el bloqueo de dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, para que pueda disponer únicamente de los recursos correspondientes a tres pensiones. La medida se aplicó en cumplimiento de una suspensión provisional dictada por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El desbloqueo se formalizó el 5 de noviembre y fue confirmado por la propia dependencia el 13 de ese mes. De acuerdo con el comunicado de la SHCP, Rocha Moya podrá recibir las ministraciones futuras de una pensión por viudez del ISSSTE, una por cesantía en edad avanzada del IMSS y la jubilación que le corresponde como exacadémico de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estas prestaciones están protegidas por el principio de inembargabilidad de las pensiones.
La autoridad precisó que la resolución no implica un acceso total a las cuentas ni al resto de su patrimonio. Los demás recursos y cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones vigentes desde mayo de 2026, cuando la UIF lo incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas.
🚨 UIF desbloquea dos cuentas bancarias de Rubén @rochamoya_; podrá recibir sus pensiones
— SDP Noticias (@sdpnoticias) November 13, 2026
👉🏼 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que dos cuentas bancarias vinculadas a Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, fueron desbloqueadas tras una resolución judicial… pic.twitter.com/Y5wJ934rq3
El bloqueo se originó tras las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señalan a Rocha Moya y a otros nueve servidores públicos sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El gobernador con licencia ha rechazado los señalamientos.
Antes de acudir a tribunales, Rocha Moya solicitó su exclusión de la lista de bloqueados por la vía administrativa. La UIF negó esa petición el 4 de agosto. Posteriormente, sus representantes promovieron un juicio de nulidad ante el TFJA, bajo el expediente 4398/26-03-02-8. La magistrada Lluvia Elizabeth Valenzuela Galindo admitió la demanda y concedió la suspensión provisional que ahora se ejecuta. El juicio de fondo continúa sin fecha de resolución.
La SHCP reiteró que acata las resoluciones judiciales y mantiene su compromiso con el debido proceso, al tiempo que continúa con las acciones institucionales para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso sigue abierto tanto en la vía administrativa como en el ámbito judicial, mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con las acusaciones de abril de 2026.