La maestra jubilada y taxista Irma Hernández, cuyo caso ha causado gran conmoción en Veracruz, falleció a causa de un infarto luego de haber sido violentada, confirmó este viernes la gobernadora del estado, Rocío Nahle García. La declaración oficial se da tras días de incertidumbre, luego de su desaparición y la publicación de un video donde fue obligada a enviar un mensaje bajo amenaza a otros taxistas.
“Fue violentada. Nos están indicando los forenses que, al parecer, a raíz de esta violencia le dio un infarto”, declaró la mandataria en entrevista para una estación de radio local.
De acuerdo a lo declarado por la gobernadora el cuerpo fue localizado en una construcción improvisada, una “media choza”, en un terreno aislado cerca de Álamo Temapache, donde se registró su desaparición.
El caso ha generado una fuerte indignación pública luego de que circulara un video en redes sociales en el que se veía a la maestra en el suelo, rodeada por hombres armados, leyendo un mensaje en el que advertía a sus compañeros taxistas que debían pagar las cuotas exigidas por la delincuencia organizada. La grabación fue interpretada como un acto de coerción, y generó preocupación sobre la creciente presión criminal sobre el transporte público en la región.
La Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y confirmó que la Policía Ministerial continúa con las investigaciones. Elementos del Ejército Mexicano también participaron en el hallazgo del sitio, en el que además se encontraron armas de alto poder, chalecos tácticos y otros indicios que apuntan a la presencia de un grupo criminal.
“Soldados entran a un predio alejado, en la zona norte, cerca de Álamo, y se encuentran vehículos, chalecos, armas… Se percataron de que estaba llegando el Ejército, la policía, y abandonaron el sitio”, explicó la gobernadora, quien aseguró que en este caso “no habrá impunidad”.
La tragedia de Irma Hernández ha reavivado el debate sobre la seguridad en las zonas rurales del norte de Veracruz, donde el crimen organizado ha extendido sus redes de control mediante amenazas y extorsión a transportistas, comerciantes y ciudadanos comunes. Organizaciones civiles y sindicatos de taxistas han exigido mayor protección y el esclarecimiento total del caso.
