El Órgano de Administración de Justicia remitió al Senado de la República la solicitud de renuncia del juez federal Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, quien se convierte en el primer juzgador electo por voto popular que busca separarse definitivamente del cargo desde la reciente reforma judicial.
En sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Senado turnó el oficio a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la decisión de aceptar o rechazar la renuncia corresponde exclusivamente al Pleno del Senado, que deberá resolver por mayoría de votos de los legisladores presentes.
El primer juez federal electo por voto popular presenta su dimisión
El documento enviado por el órgano administrativo no especifica los motivos de la renuncia de Aguirre Hernández, quien asumió su cargo apenas hace dos meses, tras resultar electo en el proceso judicial histórico que permitió por primera vez la designación de jueces, magistrados y ministros mediante el voto ciudadano.
De acuerdo con el artículo 98 constitucional, las renuncias de los integrantes del Poder Judicial “solo procederán por causas graves”, las cuales deben ser justificadas y aprobadas por la mayoría del Senado. Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál sería la causa que motivó la dimisión del juez jalisciense.
Antecedentes: otra solicitud de licencia rechazada por el Senado
Esta no es la primera separación que enfrenta el nuevo sistema judicial. En septiembre pasado, apenas unos días después de la toma de protesta de los nuevos juzgadores, la jueza de Distrito en Materia Penal, Irlanda Gabriela Pacheco Torres, presentó una solicitud de licencia por seis meses para reincorporarse temporalmente como directora general de Evaluación de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Sin embargo, el Pleno del Senado rechazó su petición, argumentando que las funciones judiciales son incompatibles con cargos en la administración pública federal, incluso en condición de licencia temporal.
La reacción política: críticas a la reforma judicial
La renuncia de Adrián Guadalupe Aguirre y el antecedente de la licencia rechazada a Pacheco Torres generaron reacciones en el ámbito legislativo. La senadora Claudia Anaya Mota (PRI) se pronunció al respecto en redes sociales, cuestionando los resultados de la reforma:
“Para quien piensa que la reforma judicial va requetebién, a dos meses de la toma de protesta de ‘los electos’, ha llegado al Senado una solicitud de licencia (rechazada) y hoy llegó la primera renuncia”, expresó la legisladora zacatecana.
Analistas del Instituto Belisario Domínguez señalaron que estos casos podrían anticipar tensiones internas en el nuevo modelo judicial, que busca equilibrar la legitimidad democrática con la independencia de los juzgadores.
Lo que sigue: análisis y dictamen del Senado
La Comisión de Justicia del Senado deberá revisar el expediente de renuncia, verificar si existen causas graves conforme a la ley y presentar un dictamen al Pleno. En caso de aprobarse, la vacante será cubierta temporalmente hasta que se convoque a un nuevo proceso de designación conforme al marco de la reforma judicial electoral.
Hasta el momento, ni el Consejo de la Judicatura Federal ni el Órgano de Administración de Justicia han emitido declaraciones adicionales sobre el caso.
Un precedente inédito en la historia judicial mexicana
La dimisión de Aguirre Hernández marca un hecho sin precedentes en la historia del Poder Judicial de la Federación, al tratarse del primer juez electo por sufragio directo que solicita separarse del cargo.
Aunque el motivo no ha sido aclarado, su salida reabre el debate sobre los retos de la judicialización democrática, la estabilidad institucional y la viabilidad de un sistema en el que los jueces responden al voto ciudadano sin perder su independencia técnica y ética.
Con este caso, el Senado enfrenta su primera prueba real en la aplicación de los nuevos mecanismos constitucionales derivados de la reforma judicial, un proceso que sigue bajo observación nacional e internacional.
