Apenas habían transcurrido horas desde que Grecia Quiroz tomó protesta como alcaldesa sustituta de este municipio, cuando fue objeto de una intimidación directa atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un mensaje enviado por la aplicación WhatsApp —firmado presuntamente por líderes del grupo criminal bajo los alias “R1”, “R2”, “R15” y “La Gorda” — demandaba que la funcionaria y su equipo renunciaran o enfrentaran severas consecuencias, según informó Grupo Imagen.
El texto del mensaje señala que el crimen organizado reclama el incumplimiento de un supuesto pacto con el gobierno federal, lo que da cuenta no sólo del reto abierto a la autoridad municipal, sino de las dinámicas de cooptación o presión que parecen operar en la región.
Este episodio adquiere una gravedad particular en el contexto de la muerte de Carlos Manzo (su esposo y antecesor en la alcaldía), quien fue asesinado el 1 de noviembre durante el tradicional Festival de las Velas en el centro de Uruapan, en un acto que las autoridades vinculan al crimen organizado.
Grecia Quiroz rindió protesta el pasado 5 de noviembre ante el Congreso de Michoacán, comprometiéndose a dar continuidad al gobierno de Manzo y a su lucha contra las estructuras criminales. Sin embargo, la amenaza que dio seguimiento a su nombramiento evidencia el grado de vulnerabilidad al que están expuestos los funcionarios locales en un territorio que, según especialistas, ha sido erosionado por la acción de los cárteles.
La exigencia apunta también a otros actores políticos: entre los amenazados figuran los diputados locales Víctor Manríquez, de Movimiento Ciudadano, ex alcalde de Uruapan; Memo Valencia, líder estatal del PRI; y Carlos Bautista Tafolla. El mensaje incluso incluyó la dirección de uno de los objetivos.
Las instituciones federales respondieron con un operativo reforzado en Uruapan: la presencia de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal se intensificó para blindar la ciudad, según declaró el gobierno municipal tras movilizaciones públicas en apoyo a la nueva alcaldesa.
El trasfondo de esta crisis apunta a la confluencia de varios factores. Michoacán se ha convertido en un frente caliente en la estrategia de seguridad nacional. La región del municipio de Uruapan, con su pujanza en el sector aguacatero y su ubicación clave para rutas de trasiego, concentra desde hace años la presión de organizaciones criminales que exigen “derecho de piso”, control territorial y participación en las ganancias del narcotráfico y otros negocios ilícitos.
Hasta ahora, las autoridades han detenido a dos personas en relación con el homicidio del ex-alcalde Manzo y han ubicado al menos un agresor abatido en el lugar de los hechos. Aun así, la escasa transparencia sobre los supuestos “acuerdos incumplidos” invocados por la amenaza —y la complicidad o inacción que subyace— dejan poco margen para el optimismo.
El desafío para Grecia Quiroz y su administración es mayúsculo: asumir la alcaldía en medio del duelo por el asesinato de su esposo, afrontar la presión de un cártel que reclama obediencia y sobrevivir políticamente en un entorno donde rendirse ya no es opción, pero resistir puede costar la vida. La historia de Uruapan parece volver a encontrarse en la encrucijada entre el poder público y el poder criminal.
