En una escalada retórica que tiñe de tensión la crisis nacional de transportistas y agricultores, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha desatado una pública advertencia contra los líderes que han organizado bloqueos en carreteras de México que sumaron 29 bloqueos en 17 estado, afirmando que detrás de su protesta habría una motivación política.
Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes en la sede de la Segob, Rodríguez advirtió que los cierres viales no se explican solo por demandas legítimas sino por intereses partidistas. “Ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos: al PRI, al PAN y al PRD”, afirmó, cuestionando por qué, pese a los supuestos avances en las mesas de diálogo, los manifestantes insisten en radicalizar sus acciones.
En su discurso, la funcionaria dejó claro que el gobierno no ve los bloqueos como un reclamo social puro: para ella, se trata de una estrategia para debilitar la imagen del Ejecutivo y provocar caos. Según Rodríguez, el Ejecutivo ha ofrecido un canal institucional de escucha: en apenas tres semanas se han sostenido más de 200 reuniones con el sector agrícola, mientras que desde el inicio de la administración hay registro de 316 encuentros con transportistas.
Pero la apertura no es gratis: al llamar al diálogo a los inconformes para una mesa fijada a la 13:00 horas, la secretaria condicionó su invitación al levantamiento inmediato de los bloqueos. “Las demandas se atienden en la mesa, no en el bloqueo”, subrayó.
Carpetas de investigación
Además de lanzar acusaciones políticas, Rodríguez sacó a relucir expedientes judiciales: aseguró que varios de los líderes detrás de las manifestaciones ya tienen carpetas de investigación por bloqueos y tomas de casetas en años anteriores. “Algunos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas… no nacimos ayer”, enfatizó.
El señalamiento explícito se dirige especialmente a organizaciones como la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, cuyos dirigentes, según Segob, son miembros activos de los partidos opositores. Al mismo tiempo, Rodríguez agradeció públicamente a otras agrupaciones transportistas —como CANACAR, CONATRAM, FEMATRAC, AMOTAC, entre otras— que han declarado por escrito que no participarán en acciones de paralización.
Desde su perspectiva, el gobierno ha respondido con acciones concretas: mesas con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura para abordar la seguridad en carreteras, además de mecanismos para entregar apoyos al agro. Sin embargo, la secretaria se mantiene crítica: afirma que persiste un espectro de manipulación que excede lo agrario.
En paralelo, ojos externos comienzan a mirar con desconfianza las advertencias de Segob. El planteamiento de que todas las protestas relevantes están articuladas desde partidos de oposición abre un dilema: ¿es un llamado legítimo a frenar acciones que afectan al país o una estrategia de deslegitimación para amordazar la disidencia?
Para muchos manifestantes, sus demandas tienen raíces profundas —precios bajos del maíz, inseguridad en carreteras, falta de recursos— y no se limitan a una agenda política. Para el gobierno, sus interlocutores son también adversarios de viejo cuño. Entre el diálogo condicionado y la amenaza velada, el pulso entre la Segob y los líderes del campo y del transporte se convierte en un simbólico termómetro de la tensión política que va más allá del asfalto bloqueado.
