Legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN) intensificaron su ofensiva legal contra uno de los proyectos insignia del gobierno de la Cuarta Transformación al presentar una serie de denuncias formales ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y posibles actos de corrupción relacionados con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, obra estratégica para la conectividad logística entre los océanos Pacífico y Atlántico. La acción del blanquiazul ocurre en el contexto político y social de cuestionamientos públicos sobre la transparencia, la supervisión de obras y, fundamentalmente, tras el trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido a finales de diciembre pasado, incidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.
La bancada panista en la Cámara de Diputados, encabezada por figuras como Federico Döring, Héctor Saúl Téllez Hernández y Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, presentó las denuncias bajo el argumento de que no se trata de un simple accidente o fallo administrativo, sino de un posible entramado de negligencia, irregularidades contractuales, desvío de recursos y mala supervisión que, a su juicio, colocaron en riesgo la vida de personas y malgastaron recursos públicos. En su pronunciamiento, los legisladores subrayaron la obligación del Estado de investigar a fondo cualquier obra pública que derive en tragedias, deslindar responsabilidades y garantizar que no exista impunidad ante hechos que —dijeron— podrían ser consecuencia de corrupción y manejo irregular de fondos destinados al proyecto.
Entre los señalados en las querellas se encuentran personajes vinculados directa o indirectamente con la administración y supervisión del proyecto. Sobresale el nombre de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y señalado por los panistas como supervisor honorario de las obras del corredor, a quien se acusa junto con altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), tanto el exsecretario Rafael Ojeda Durán como el actual titular Raymundo Pedro Morales Ángeles, en su calidad de exdirector general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. También se incluyeron en las denuncias otros funcionarios como Octavio Sánchez Guillén, director del propio corredor, y Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, así como particulares como el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y Pedro Salazar Beltrán, implicados por su papel en la cadena de suministro de materiales.
Las denuncias no se limitaron únicamente a la FGR y la ASF. El PAN también acudió ante la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para que se revise con mayor profundidad el entramado de contratos internos, mecanismos de control y auditorías previas, en particular ante señalamientos de sobreprecios, adquisición de materiales de calidad deficiente e irregularidades administrativas que habrían permeado desde la fase de planeación hasta la ejecución de obras del corredor. Los legisladores panistas han enfatizado que las fallas detectadas previamente por la ASF, como pagos excesivos sin justificación y anomalías en contratos, requieren una auditoría especial y exhaustiva, con el objetivo de transparentar y esclarecer el destino de los recursos públicos involucrados.
El contexto político de estas denuncias sitúa al Corredor Interoceánico en el centro de una disputa más amplia entre oposición y el gobierno federal, en donde se entrelazan acusaciones de opacidad, deficiencias en la supervisión de obras públicas y la exigencia de justicia para las víctimas del tren siniestrado. El PAN ha anunciado que, además de las querellas presentadas, buscará que se convoque a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los servidores públicos involucrados en el proyecto, a fin de obtener explicaciones directas y fomentar la rendición de cuentas en un asunto que ha escalado de un accidente a un debate nacional sobre transparencia y responsabilidad en la gestión de grandes obras de infraestructura.
Hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido declaraciones públicas formales frente a las imputaciones, mientras que la FGR y la ASF, por su naturaleza institucional, deberán determinar si las denuncias presentadas por los legisladores del PAN prosperan y derivan en investigaciones penales o auditorías especiales que amplíen la revisión del Corredor Interoceánico, en una coyuntura política en la que la fiscalización y el uso de recursos públicos son temas sensibles de la agenda pública.
