Tras la detención de Eugenio Maiz Domene, dueño de Next Energy, el alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, salió a “tranquilizar” con una declaración que parece más un deslinde anticipado: aseguró que no hubo pérdidas económicas para el municipio, pero evitó explicar los incumplimientos, el estatus legal del contrato y por qué su gobierno decidió mirar hacia otro lado. Más que aclarar, De la Garza confirmó el guion de siempre: minimizar el escándalo y apostar al desgaste mediático. La incongruencia es escandalosa. Mientras en Aguascalientes los contratos ligados a Next Energy —por hasta 28 mil millones de pesos— derivaron en prisión preventiva y en Baja California hay denuncias por pagos e incumplimientos, en Monterrey, con el regreso del PRI, hubo refrendo y opacidad. La presencia de la contralora Jovita Morín, vinculada a esos mismos esquemas, terminó de encender las alertas. Movimiento Ciudadano ya lo dijo claro: en otros estados hay cárcel y adeudos; en Monterrey, bajo Adrián de la Garza, hubo silencio, protección y continuidad. Demasiadas coincidencias para ser casualidad.
MORENA SE PARTE Y EL FUERO REGRESA
La bancada de Morena en el Congreso local estalló: 10 de sus 16 diputados rompieron con Layda Sansores, acusándola de persecución política y respondiendo con un movimiento de alto voltaje: restaurar el fuero constitucional, eliminado desde 2016, para blindarse ante posibles detenciones. El mensaje fue directo y con presión policial de fondo. Tras la sesión legislativa, el Palacio fue cercado por agentes de la Fiscalía estatal ante versiones de órdenes de aprehensión contra diputados, incluido el coordinador José Antonio Jiménez, quien denunció persecución y advirtió que la “transformación” no puede imponerse con miedo ni uso faccioso de la ley.
DUARTE, JUICIO PAUSADO Y LA IMPUNIDAD QUE NO SE ROMPE
Un juez federal suspendió de manera indefinida el inicio del juicio contra César Duarte por el presunto lavado de más de 73 millones de pesos del erario de Chihuahua, frenando uno de los casos emblemáticos de corrupción heredados por el PRI, pero hoy empantanados bajo gobiernos de Morena. Aunque el proceso continúa en etapa intermedia, la suspensión impide que se abra formalmente el juicio, dando oxígeno al exgobernador mientras corre el plazo de seis meses para reunir pruebas. El mensaje político es incómodo: los grandes expedientes de corrupción avanzan lento, incluso bajo un gobierno que prometió acabar con la impunidad.
