La actriz Livia Brito fue vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones, luego de que un magistrado determinara que existen elementos suficientes para que la investigación penal continúe formalmente.
De acuerdo con lo reportado, la autoridad judicial consideró que hay indicios sólidos para avanzar en el procedimiento contra la actriz, sin que ello implique una declaración de culpabilidad. La vinculación a proceso es una etapa prevista en el sistema penal mexicano que permite al juez dar seguimiento al caso y ordenar el desahogo de pruebas.
En términos jurídicos, ser vinculada a proceso no equivale a una condena. Implica que el juez estima que existen datos de prueba suficientes para presumir la posible comisión de un delito y la probable participación de la persona imputada.
Con esta resolución, el caso continúa bajo supervisión judicial y se abre un periodo de investigación complementaria, en el que las partes pueden aportar pruebas y fortalecer sus argumentos.
Origen del proceso judicial contra Livia Brito
La causa penal deriva de la denuncia presentada por el fotógrafo Ernesto Zepeda, representado legalmente por la abogada Ángela Frías. Ambos sostienen que Livia Brito incurrió en falsedad al negar ante las autoridades hechos relacionados con un incidente ocurrido en 2020.
Los hechos se remontan a junio de 2020, cuando Livia Brito vacacionaba en una playa de Cancún, Quintana Roo, junto con su entonces pareja. Según la versión del fotógrafo, la actriz lo habría agredido físicamente, le quitó su equipo de trabajo y le causó daños materiales.
Videos del altercado se difundieron ampliamente en redes sociales, generando un debate público sobre el derecho a la privacidad de las figuras públicas frente a la labor periodística en espacios públicos o semipúblicos.
Desde el inicio del conflicto, Brito ha sostenido que actuó en defensa propia y ha rechazado las acusaciones de agresión.
La acusación por falsedad de declaraciones
La vinculación a proceso de Livia Brito no se centra directamente en la presunta agresión, sino en la veracidad de las declaraciones que la actriz habría rendido ante la autoridad durante el desarrollo del caso.
Los denunciantes aseguran que Brito mintió conscientemente al negar su participación en los hechos, lo que, de comprobarse, configuraría el delito de falsedad de declaraciones.
De acuerdo con especialistas en derecho penal, este delito se configura cuando una persona proporciona información falsa de manera deliberada ante una autoridad judicial o ministerial, con la intención de engañar o alterar el curso de una investigación.
Tras analizar los elementos presentados, el magistrado concluyó que existen datos suficientes para que el proceso penal continúe, sin prejuzgar sobre la responsabilidad final de la actriz.
La situación legal de Livia Brito seguirá desarrollándose en los próximos meses, mientras se desahogan pruebas y se define el rumbo de uno de los casos más mediáticos que han involucrado a una figura del espectáculo mexicano en los últimos años.
