El New York Times documentó que organizaciones criminales en México emplean munición de uso militar fabricada en una planta del ejército estadounidense.
La policía mexicana se encuentra “abrumada” por los cárteles de la droga debido al uso de armamento y municiones diseñadas para el ejército de Estados Unidos, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times (NYT).
El diario estadounidense señaló que los grupos criminales emplean munición calibre .50, producida en una planta propiedad del ejército estadounidense y posteriormente contrabandeada a través de la frontera, para perpetrar ataques contra civiles y fuerzas de seguridad en México. El reportaje subraya que este tipo de munición está pensada para escenarios de guerra y no para tareas de seguridad pública.
Según el NYT, las balas calibre .50 utilizadas por los narcotraficantes son tan grandes como un cigarro de tamaño mediano y fueron diseñadas para destruir vehículos y aeronaves ligeras. Se trata de munición de alto poder que supera con creces la capacidad de respuesta de muchas corporaciones policiales estatales y municipales.
Aunque estas balas están destinadas principalmente al uso militar, el reportaje destaca que también se comercializan legalmente para consumidores civiles en Estados Unidos, lo que facilita su desvío hacia redes de tráfico ilegal.
Una investigación del New York Times y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) documenta que cárteles mexicanos han utilizado munición calibre .50 fabricada en la Lake City Army Ammunition Plant, una planta propiedad del gobierno de Estados Unidos y… pic.twitter.com/KyeY9j3Ygh
— La Silla Rota (@lasillarota) February 8, 2026
Ataque en Villa Unión, Coahuila: un caso emblemático
El NYT reconstruyó un episodio ocurrido la mañana del 30 de noviembre de 2019, cuando un convoy de camionetas con hombres armados ingresó a Villa Unión, Coahuila. Los atacantes portaban una ametralladora pesada y rifles calibre .50, con los que abrieron fuego en distintas zonas del municipio.
De acuerdo con la investigación periodística, los sicarios habían sido enviados en una misión de intimidación y planeaban incendiar el ayuntamiento. Su poder armamentístico fue claramente superior al de la policía estatal y local, que aguardaba refuerzos del Ejército. Los habitantes, aterrorizados, buscaron refugio ante la intensidad del tiroteo.
“El olor a humo llenaba las calles y los casquillos usados cubrían el suelo como hojas caídas”, relató al New York Times Luis Manzano, periodista mexicano que llegó a la ciudad durante el enfrentamiento. Sin embargo, lo que más lo marcó fue el estruendo de las armas.
“El suelo temblaba mientras disparaban. Nunca había experimentado algo así”, recordó Manzano.
Cuando las fuerzas militares finalmente arribaron, los agresores se replegaron. El saldo oficial fue de cuatro policías, dos civiles y 19 presuntos miembros del cártel muertos.
Fabrica en Lake City posible surtidor principal de cárteles
Investigadores que recolectaron pruebas en el lugar hallaron casquillos de calibre .45 y .50 marcados con las iniciales “L.C.”, correspondientes a la planta de municiones Lake City, ubicada a las afueras de Kansas City. Esta instalación es propiedad del gobierno federal estadounidense y constituye el mayor fabricante de cartuchos de rifle utilizados por las fuerzas del Pentágono, según detalló el NYT.
La fábrica, además de abastecer al ejército de Estados Unidos, provee municiones al mercado civil, incluidos cartuchos calibre .50. Esta doble vía de distribución ha encendido alertas sobre la facilidad con la que munición de uso militar puede terminar en manos del crimen organizado en México.
El reportaje del New York Times pone en evidencia un problema estructural: el flujo transfronterizo de armas y municiones de alto poder y su impacto directo en la violencia en México. La combinación de disponibilidad legal en Estados Unidos, contrabando sistemático y capacidad limitada de las policías locales ha creado un escenario de profunda asimetría frente a los cárteles.
Especialistas citados por el diario advierten que, mientras no se refuercen los controles sobre la venta y el rastreo de municiones, así como la cooperación bilateral, el uso de armamento militar del Pentágono por el narcotráfico seguirá representando una amenaza grave para la seguridad pública y los derechos humanos en la región.