En un nuevo y estremecedor capítulo de la violencia que asola el estado de Sinaloa, medios internacionales de reputación han confirmado que al menos cinco de los diez trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp. secuestrados el 23 de enero en Concordia fueron hallados sin vida en fosas clandestinas en el poblado de El Verde, un enclave rural de difícil acceso. La Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades federales han informado que los restos, localizados gracias a testimonios de cuatro detenidos vinculados al caso, han sido identificados y serán entregados a sus familias, mientras se continúa con el proceso de identificación de los otros cuerpos encontrados en el mismo sitio.
El suceso ha transcendido fronteras y ha sido cubierto por medios como Al Jazeera, que reportó que cinco de los trabajadores secuestrados han sido confirmados como fallecidos y que las autoridades mexicanas siguen trabajando para identificar el resto de los cuerpos, sin ofrecer aún un móvil definitivo para los hechos. Reportes internacionales señalan que la minera con sede en Vancouver ha expresado su “devastación” por la pérdida de vidas y enfatiza su compromiso con la seguridad de quienes permanecen desaparecidos y el apoyo a las familias afectadas.
El medio canadiense CBC también reportó el secuestro, explicando la situación y contextualizando el conflicto entre carteles en la zona, calificándola como “guerra civil” y reporta la desaparición de 1,500 personas en el año.
Organizaciones como Reuters también han difundido que las autoridades encontraron diez cuerpos en total, de los cuales cinco han sido identificados, y que la violencia en la región está estrechamente ligada a la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente el grupo autodenominado “Los Chapitos”, señalados de controlar vastas zonas y en disputa con otras células criminales.
La cobertura de medios latinoamericanos y europeos, como El País, coincide en detallar que los diez trabajadores desaparecieron cuando se dirigían a su campamento en la mina —ubicada en el proyecto Pánuco de Vizsla Silver— y que, a pesar del despliegue de más de 1,000 elementos de seguridad y militares ordenado por el gobierno federal, los operativos hasta ahora solo han conducido a la localización de restos humanos y a la detención de presuntos responsables.
Este caso ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, donde organizaciones de derechos humanos y cifras oficiales señalan que el número de personas desaparecidas supera las 1,500 en el último año, dentro de un fenómeno de desapariciones forzadas y homicidios que ha generado angustia entre familiares de víctimas y la opinión pública nacional e internacional. Aunque no todas las instancias han coincidido en el número exacto global de desaparecidos, todos los reportes subrayan que la cifra en Sinaloa es extraordinariamente alta y continua en ascenso, reflejo de la intensificación de disputas territoriales entre cárteles y la incapacidad institucional para garantizar la seguridad en zonas rurales mineras y urbanas por igual.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado de responder públicamente al caso, sosteniendo que las indagatorias avanzan y que los responsables no quedarán impunes, si bien expertos consultados por medios internacionales cuestionan la eficacia de la estrategia de seguridad en zonas como Concordia, donde la economía local —incluida la actividad minera— se ha visto profundamente impactada por la inseguridad y la extorsión.
El hallazgo de los cuerpos de los mineros de Vizsla Silver no solo constituye un golpe para la industria minera extranjera en México, sino que también pone en evidencia la complejidad de la crisis de seguridad y desapariciones en el país, cuyo epicentro mediático y político se ha trasladado ahora al norte y noroeste mexicano, donde los cárteles no solo imponen cuotas de extorsión, sino que ejercen control territorial de facto, aun frente a la presencia militar y policial estatal y federal.
Este caso continúa en desarrollo y las autoridades mexicanas han prometido nuevas actualizaciones conforme progresen las investigaciones. La comunidad internacional permanece atenta a los resultados de las diligencias, conscientes de que este episodio representa no solo una tragedia humana, sino un desafío significativo para la política de seguridad y justicia en México.
