A pesar de los mensajes gubernamentales que insisten en una reducción de la violencia y de los esfuerzos oficiales por resaltar tendencias positivas en ciertos delitos, la realidad de las desapariciones en México cuenta una historia distinta, profunda y dolorosa. Un análisis exhaustivo del centro de investigación México Evalúa revela que, entre 2015 y 2025, los reportes de personas desaparecidas y no localizadas en el país se han más que triplicado, pasando de 4 114 casos a 12 872, lo que representa un aumento acumulado de 213 % en una década.
Estos datos no son simplemente números en una gráfica: reflejan la cruda ampliación de una crisis de derechos humanos que se ha vuelto estructural y persistente. Según el documento de México Evalúa “Violencia en México, 2015-2025: análisis de datos y propuestas para la paz”, este incremento sostenido forma parte de las dinámicas violentas generadas por el crimen organizado, la debilidad institucional y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia en vastas regiones del territorio nacional.
El estudio plantea que ver las desapariciones como un fenómeno aislado, separado de otras manifestaciones de violencia, conduce a diagnósticos incompletos y políticas públicas insuficientes. La ONG propone un indicador más comprensivo —denominado “violencia letal”— que integre no solo homicidios dolosos, sino también feminicidios, desapariciones y otros delitos que atentan contra la vida. Bajo este enfoque, la violencia estructural en México no registra una tendencia de reducción real: la violencia letal acumulada creció 68 % en la última década, mientras que otros delitos contra la vida aumentaron hasta 368 %.
Los datos también revelan que la distribución de desapariciones no es homogénea: estados como Sinaloa, Sonora y Baja California Sur muestran las tasas más altas de personas desaparecidas y no localizadas en 2025, con cifras que superan ampliamente la media nacional. En estos contextos, la desaparición de personas se inserta en entornos de alta violencia criminalizados, donde las disputas territoriales y la presencia constante de grupos armados distorsionan los registros y, en muchos casos, utilizan la desaparición como mecanismo para ocultar homicidios o dificultar las investigaciones oficiales.
La persistente escalada de desapariciones contrasta con los discursos de las autoridades federales y de algunos gobiernos estatales, que en diversas conferencias y reportes oficiales suelen destacar reducciones en tasas de homicidio doloso u otros indicadores específicos de violencia. Tales discursos han servido para sostener la narrativa de que la estrategia de seguridad está rindiendo frutos y que el país avanza hacia una pacificación sostenida. Sin embargo, el análisis independiente demuestra que estas lecturas oficiales pueden ocultar realidades más complejas y menos favorables para la población afectada.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familias de personas desaparecidas han denunciado desde hace años que las cifras oficiales subestiman la magnitud real de la tragedia, en parte por deficiencias en los registros, la falta de transparencia y la ausencia de metodologías claras. De hecho, informes externos señalan que el registro nacional de personas desaparecidas podría estar muy por debajo de la cifra real, y que las autoridades han carecido de mecanismos efectivos y consistentes para atender estos casos de forma integral.
Este drama humanitario se inscribe en un contexto más amplio de fragilidad institucional. El sistema de justicia penal y las unidades especializadas en búsqueda han enfrentado limitaciones significativas, desde recursos materiales insuficientes hasta obstáculos estructurales que impiden responder con eficacia al incremento de desapariciones. Las familias de las víctimas, muchas veces, se han visto obligadas a organizarse en colectivos para mantenerse activas en la búsqueda de sus seres queridos, enfrentando no solo el dolor de la ausencia, sino también barreras administrativas, riesgos en campo y una ausencia persistente de respuestas contundentes por parte de las autoridades.
La escalada de desapariciones plantea preguntas profundas sobre el rumbo de las políticas de seguridad en México y la prioridad que los gobiernos han otorgado a la protección de los derechos humanos. A la luz de los datos, la respuesta oficial a la inseguridad requiere no solo ajustes técnicos, sino una profunda revisión de las estrategias y una orientación centrada en las víctimas, sus familias y las comunidades que viven bajo la sombra constante del miedo y la incertidumbre. Sin un enfoque verdaderamente integral que articule acciones policiales, judiciales y de reparación, las cifras seguirán creciendo y el dolor de miles de familias continuará siendo una de las deudas más profundas con la sociedad mexicana.
