Aunque Movimiento Ciudadano votó a favor del dictamen que busca reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales, la senadora Alejandra Barrales dejó claro que el respaldo de su bancada no significa un aval pleno al contenido final. Durante la discusión en Comisiones Unidas del Senado, la legisladora sostuvo que el proyecto aprobado es consecuencia de una propuesta impulsada por su partido, pero advirtió que la reforma quedó incompleta y, en algunos puntos, incluso abre riesgos que podrían terminar afectando a los trabajadores.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social aprobaron por unanimidad, con 48 votos a favor, el dictamen con proyecto de decreto para reformar el artículo 123 constitucional, estableciendo una jornada máxima de 40 horas semanales. El dictamen fue aprobado sin votos en contra, en un contexto donde el tema se ha convertido en una de las banderas laborales más relevantes en la agenda legislativa de este periodo.
Sin embargo, Barrales aprovechó su intervención para colocar en el centro del debate lo que consideró las omisiones más graves de la propuesta. La senadora sostuvo que el objetivo original de Movimiento Ciudadano no era únicamente recortar horas de trabajo, sino garantizar condiciones reales de descanso, convivencia familiar y planeación de vida para la clase trabajadora. En ese sentido, subrayó que la reforma, tal como está redactada, no asegura el cambio de fondo que su partido buscaba: el reconocimiento explícito de dos días de descanso a la semana.
En su posicionamiento, Barrales recordó que Movimiento Ciudadano ha construido una agenda sostenida en materia laboral, señalando como ejemplos la reforma conocida como “Ley Silla”, el incremento de días de vacaciones y el respaldo a los aumentos al salario mínimo. Desde esa lógica, dijo, su partido acompaña la reducción de la jornada laboral porque se trata de una demanda que han impulsado durante años. No obstante, remarcó que el dictamen aprobado mantiene intacta la estructura histórica del esquema de trabajo en México: seis días laborados por uno de descanso, un modelo que, afirmó, tiene más de un siglo vigente.
La senadora también expuso una de las preocupaciones centrales de su bancada: que la reforma, al mismo tiempo que reduce formalmente la jornada semanal, amplía el margen para el trabajo extraordinario. De acuerdo con lo discutido en comisiones, el dictamen eleva de nueve a 12 horas semanales el límite de tiempo extraordinario permitido, lo cual, para Barrales, representa un riesgo evidente, incluso si el pago de esas horas se plantea con un incremento al doble o al triple. Su argumento fue que el propósito de una reforma de 40 horas no debería ser compensar la reducción con más horas extras, sino garantizar descanso efectivo y una vida laboral menos absorbente.
“Nos preocupa que al amparo de esta propuesta se está abriendo la puerta para que se pueda malutilizar el tiempo extraordinario de los trabajadores”, expresó Barrales, al señalar que el nuevo diseño podría convertirse en un incentivo para extender jornadas bajo el argumento de que las horas extras serán pagadas mejor, pero sin resolver el desgaste físico y emocional que implica permanecer más tiempo en el trabajo.
Barrales enmarcó su postura con un diagnóstico que ha sido recurrente en el debate público: México es uno de los países donde más se trabaja. Citó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que han colocado a México entre las naciones con mayor número de horas laboradas al año, y señaló que esa realidad no se ha traducido en mejores niveles de productividad. Con ello, sostuvo que el argumento tradicional de que “más horas equivalen a mayor productividad” queda desmentido por los indicadores internacionales.
Para la senadora, el dictamen no sólo llega incompleto, sino que llega tarde. Recordó que diversos países, incluso en América Latina, han avanzado desde hace años en esquemas de reducción de jornada. En contraste, explicó que el proyecto aprobado en comisiones contempla una aplicación gradual que, en el mejor de los casos, permitiría alcanzar plenamente las 40 horas hasta 2030, lo que, desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, aleja el impacto real para millones de trabajadores.
En su discurso, Barrales añadió otra crítica de fondo: la reforma constitucional no toca el problema estructural de la informalidad. Subrayó que decenas de millones de mexicanos trabajan fuera del mercado formal, sin acceso a derechos laborales básicos, por lo que una reforma constitucional, aunque relevante, no resuelve las condiciones de quienes no tienen contrato, prestaciones o seguridad social. Para la senadora, el dictamen avanza para los asalariados formales, pero deja intacta una realidad que sigue siendo dominante en el país.
Aun con estas críticas, Barrales confirmó que Movimiento Ciudadano decidió votar a favor del dictamen por tratarse de una causa que han defendido públicamente. Pero dejó un mensaje político directo: su bancada buscará modificar el proyecto en el Pleno, particularmente en dos puntos que consideran esenciales. El primero es asegurar que la reforma incluya de manera explícita dos días de descanso semanal. El segundo, cerrar la puerta a un posible abuso del trabajo extraordinario, evitando que el aumento de horas extras se convierta en la vía para neutralizar el beneficio de una jornada reducida.
La postura de Movimiento Ciudadano, expresada por Barrales, se convirtió así en una señal de respaldo condicionado: acompañan la reforma por su relevancia y por su origen en una demanda histórica, pero advierten que la redacción actual puede terminar favoreciendo esquemas laborales que mantengan la presión sobre los trabajadores. Con ello, la senadora colocó en la agenda del debate no sólo el número de horas semanales, sino el modelo completo de descanso, equilibrio y regulación efectiva del tiempo de trabajo.
El dictamen, aprobado en comisiones por unanimidad, deberá pasar al Pleno del Senado, donde se prevé una discusión más intensa. Ahí se pondrá a prueba si el consenso logrado en comisiones se sostiene o si, como anticipó Barrales, se abre una etapa de reservas y ajustes. La reforma, por tratarse de un cambio constitucional, requerirá además el aval de la Cámara de Diputados y posteriormente la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, por lo que el proceso legislativo aún tiene un trayecto largo por delante.
En ese escenario, Movimiento Ciudadano buscará colocarse como el actor que empujó el debate original y, al mismo tiempo, como la fuerza política que intenta corregir lo que considera los “candados faltantes” para que la reforma no se convierta en un ajuste simbólico. La intervención de Barrales dejó claro que, para su bancada, la reducción a 40 horas sólo será una victoria real si viene acompañada de descanso garantizado y de límites claros para impedir que el tiempo extraordinario se convierta en la nueva normalidad.
