La reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador para solicitar donaciones destinadas a Cuba, a través de una asociación civil cuya autorización como donataria se concretó en un corto plazo, reavivó cuestionamientos sobre mecanismos previos de captación de recursos vinculados a su movimiento político. Entre ellos destaca el caso del fideicomiso “Por los Demás”, creado tras los sismos de septiembre de 2017, cuya operación fue investigada y sancionada por el Instituto Nacional Electoral por irregularidades que la autoridad calificó como una trama de financiamiento paralela y contraria a la normativa electoral.
El fideicomiso fue presentado públicamente como un instrumento para canalizar apoyos a damnificados, pero desde su origen arrastró problemas legales. De acuerdo con la investigación oficial y análisis periodísticos, el esquema partía de una premisa prohibida por la ley electoral: que un partido político entregara directamente recursos o dádivas a la población, lo que constituye una práctica vetada por distorsionar la equidad en la competencia política.
La operación financiera reveló patrones atípicos desde la captación de recursos. Una proporción significativa del dinero ingresó mediante depósitos en efectivo, muchos de ellos por montos fraccionados de 50 mil pesos realizados en lapsos muy cortos por grupos de personas, lo que dificultaba rastrear su origen. Tan solo en algunos días de diciembre de 2017 se registraron cientos de operaciones consecutivas bajo este esquema, sumando millones de pesos cuya procedencia no pudo ser plenamente acreditada.
El modelo incluía además transferencias electrónicas provenientes de personas morales, una práctica prohibida para el financiamiento político. La combinación de depósitos en efectivo, aportaciones fragmentadas y transferencias irregulares configuró, según el órgano electoral, un mecanismo diseñado para evadir controles y simular legalidad en el flujo de recursos.
Una vez concentrado el dinero, la dispersión también presentó irregularidades. Parte relevante de los fondos fue retirada en efectivo mediante cheques de caja, en lugar de canalizarse directamente a los beneficiarios. Investigaciones periodísticas documentaron que operadores vinculados al partido realizaron extracciones millonarias en lo que se denominó una “operación carrusel”, mediante la cual el dinero era retirado por intermediarios y no por damnificados, lo que abrió la sospecha de desvío hacia fines distintos a la ayuda social.
El Instituto Nacional Electoral concluyó que no se trataba de anomalías aisladas, sino de una estructura sistemática que permitió el manejo opaco de recursos. En su resolución, determinó que el fideicomiso funcionó como un mecanismo paralelo de financiamiento, con ingresos de origen desconocido o prohibido y sin los reportes obligatorios a la autoridad fiscalizadora. Bajo esa lógica, calificó la conducta como “fraude a la ley” y aprobó una sanción económica de 197 millones de pesos contra Morena.
El caso no se cerró en ese punto. Posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción al considerar que no se acreditó de manera suficiente la responsabilidad directa del partido en la operación del fideicomiso, lo que dejó sin efectos la multa impuesta por el INE.
A pesar de esa resolución, los hallazgos sobre el funcionamiento del fideicomiso quedaron documentados como un precedente relevante en materia de fiscalización electoral. La utilización de una figura legal —el fideicomiso— para captar recursos, combinada con prácticas opacas en su financiamiento y dispersión, evidenció vacíos y tensiones en la regulación del dinero en la política.
En ese contexto, el reciente llamado a donaciones a través de nuevas asociaciones civiles vuelve a colocar en el centro del debate la transparencia en el manejo de recursos con fines sociales y políticos, o de lavado de dinero. La experiencia del fideicomiso “Por los Demás” sigue siendo un referente obligado para evaluar los riesgos de esquemas que, bajo causas legítimas, pueden derivar en cuestionamientos sobre su legalidad y destino final de los fondos.
