El día de ayer, durante la comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, el diputado federal y vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, elevó el tono de las exigencias de rendición de cuentas. De manera directa afirmó que “la señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel” y que deben fincársele tanto responsabilidades administrativas como penales.
Ramírez Cuéllar sostuvo que la salida de Taddei de la presidencia del Consejo General del INE —formalizada días antes, el 26 de octubre— no debe detener las indagatorias ni servir de escudo. Solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación de oficio de manera inmediata y que intervenga en el aseguramiento de bienes y cuentas de los grupos y empresas identificadas como proveedoras de material e insumos de carácter electoral.
El legislador también planteó la necesidad de un “maxiproceso”. Según sus palabras, “el país necesita que se abra un maxiproceso” porque la presencia de lo que describió como un “cártel” y un “sistema de coyotaje electoral” comenzó a fraguarse desde hace muchos años. En ese sentido, pidió que el anterior titular del OIC del INE y el exauditor superior de la Federación aporten información más clara, para que nadie sea exculpado.
Los señalamientos se enmarcan en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la gestión de Taddei. Reportes periodísticos y revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han apuntado a posibles conflictos de interés, simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y concentración de contratos en un número reducido de empresas. El OIC del INE ha informado de expedientes administrativos abiertos y de imputaciones a varios funcionarios.
Taddei renunció el 26 de octubre de 2026 en medio de estas acusaciones. Blanca Yassahara Cruz García asumió de manera provisional la presidencia del Consejo General. Legisladores de distintos partidos coincidieron en la comparecencia en la necesidad de profundizar las investigaciones y no quedarse solo en el ámbito administrativo. Ramírez Cuéllar insistió en que las posibles anomalías deben esclarecerse antes del proceso electoral de 2027.
Hasta el momento, las autoridades han avanzado en revisiones administrativas y de fiscalización. La exigencia de Ramírez Cuéllar busca que el caso pase al ámbito penal y que se actúe con contundencia sobre todos los involucrados, sin excepciones ni privilegios. El legislador enfatizó que los indicios presentados obligan a investigar hasta el final y a determinar responsabilidades de manera transparente.
