A siete años del asesinato del activista y comunicador comunitario Samir Flores Soberanes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala demandó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Fiscalía General de la República, una investigación de fondo que permita identificar y procesar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen ocurrido el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, municipio de Temoac, días antes de la consulta gubernamental que impuso una termoeléctrica en Morelos.
La exigencia se produce luego de que un juez federal absolviera recientemente a Javier “N”, quien era el único detenido por el homicidio. Durante el proceso judicial, el propio juzgador reconoció la existencia de un móvil vinculado al activismo de Flores Soberanes, particularmente su oposición al Proyecto Integral Morelos y su labor como comunicador comunitario, elementos que, de acuerdo con el Frente, refuerzan la necesidad de replantear la investigación.
En un posicionamiento público, la organización sostuvo que las líneas de investigación han sido limitadas y que las autoridades han evitado indagar en posibles responsabilidades de actores con poder político y económico. Señalaron que quienes conocen la autoría intelectual del crimen no han sido llamados a declarar, lo que, a su juicio, evidencia una omisión sistemática en la procuración de justicia.
El Frente también cuestionó directamente el trabajo de la fiscalía federal especializada, al señalar que deberá reconocer errores en la conducción del caso. Argumentaron que la investigación se sostuvo desde el inicio en una carpeta elaborada por la fiscalía estatal durante la gestión del entonces fiscal Uriel Carmona, la cual —afirman— presentaba inconsistencias de origen. Aunque la FEADLE atrajo el caso en agosto de 2023, los inconformes sostienen que no se realizó una indagatoria independiente, sino que se continuó con la misma narrativa construida previamente.
Dentro de las diligencias pendientes, el Frente planteó la necesidad de llamar a declarar a diversos actores públicos y políticos, entre ellos el exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, así como a dirigentes partidistas, autoridades municipales y funcionarios que pudieron tener conocimiento o participación en los hechos o en el encubrimiento posterior. Asimismo, pidieron investigar la actuación de policías ministeriales que habrían rendido testimonios falsos durante el juicio, lo que, según el colectivo, debilitó la acusación.
De acuerdo con el posicionamiento, el fallo absolutorio se sustentó en la falta de solidez de los principales testimonios presentados por la fiscalía, los cuales fueron calificados como deficientes e inverosímiles por el juez. Esta valoración judicial reforzó la percepción de que la integración del caso estuvo marcada por irregularidades y posibles intentos de desviar la atención de los verdaderos responsables.
El Frente recordó que desde el inicio manifestó desconfianza en la actuación de la fiscalía estatal y solicitó la intervención de la autoridad federal, sin embargo, consideraron que la atracción del caso no significó un cambio sustancial en la conducción de la investigación. En su diagnóstico, el expediente se construyó como un montaje que terminó por colapsar en tribunales, dejando sin respuesta un crimen que, insisten, está directamente relacionado con la defensa del territorio y la oposición a proyectos energéticos en la región.
A siete años del asesinato, el caso de Samir Flores continúa sin sentencia condenatoria y se mantiene como uno de los referentes de la violencia contra defensores del territorio en México. La exigencia del Frente reabre el debate sobre la eficacia de las instituciones encargadas de procurar justicia en delitos contra activistas y comunicadores, así como sobre la necesidad de investigaciones independientes que garanticen verdad y reparación.
