Organizaciones sociales, colectivos y redes de defensa del territorio denunciaron una serie de agresiones contra comunidades y pueblos integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Guerrero y Chiapas, al sostener que enfrentan un patrón de criminalización, desplazamiento forzado, hostigamiento y despojo territorial por defender sus tierras, su autonomía y sus formas de organización comunitaria. Las agrupaciones afirmaron que estos hechos están relacionados con la imposición de megaproyectos y exigieron el cese de la persecución contra personas defensoras, la liberación de quienes consideran presos por motivos políticos y la cancelación de obras realizadas sin consulta previa, libre e informada.
A través de un pronunciamiento conjunto firmado por decenas de organizaciones nacionales e internacionales, los colectivos señalaron que la situación en Guerrero y Chiapas no responde a hechos aislados, sino a una estrategia sistemática de presión contra comunidades indígenas que se oponen a proyectos de infraestructura y denuncian presuntos vínculos entre autoridades, empresas y grupos criminales. En el documento sostienen que las agresiones buscan inhibir la defensa del territorio y de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Uno de los casos centrales expuestos en el pronunciamiento es la detención de Jesús Plácido Galindo, promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ocurrida el 17 de julio de 2026. De acuerdo con las organizaciones firmantes, el activista, quien además es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, fue detenido durante un operativo en el que participaron más de 40 elementos de distintas corporaciones. Los colectivos aseguraron que durante el procedimiento se registraron presuntas violaciones al debido proceso, entre ellas incomunicación, destrucción de su botón de pánico, traslado sin conocimiento de su familia ni de su defensa legal, imposición de un abogado de oficio y la integración de una acusación basada en hechos ocurridos en 2021, circunstancias que calificaron como un intento por silenciar su labor como defensor comunitario.
El documento también refiere la situación que enfrentan comunidades tseltales de Jotolá, en el municipio de Chilón, Chiapas, cuyos habitantes, según el pronunciamiento, fueron desplazados tras operativos de fuerzas estatales y municipales. Asimismo, menciona los conflictos que afectan a familias de Agua Clara y San Francisco, en Teopisca, así como a los copropietarios del Mercado Público Tradicional “Samir Flores Soberanes”, quienes, de acuerdo con las organizaciones, han sido objeto de despojo y amenazas derivadas de conflictos relacionados con la defensa de sus espacios comunitarios.
Las organizaciones vincularon estas situaciones con la ejecución de proyectos de infraestructura que, aseguran, fueron impulsados sin respetar el derecho de consulta de los pueblos indígenas. Entre ellos mencionaron el Tren Maya, así como las carreteras San Cristóbal-Palenque y San Cristóbal-Teopisca. En el pronunciamiento sostienen que estas obras forman parte de procesos de despojo territorial y que su desarrollo ha derivado en conflictos sociales, desplazamientos y acciones de persecución contra quienes manifiestan su oposición. Estas afirmaciones corresponden al posicionamiento de las organizaciones firmantes.
Como parte de sus demandas, los colectivos exigieron la libertad inmediata e incondicional de Jesús Plácido Galindo y de Francisco Moreno; la cancelación de órdenes de aprehensión contra integrantes del CNI; el fin del desplazamiento forzado, del hostigamiento y de las amenazas de desalojo contra diversas comunidades; la restitución de los locales del Mercado Público Tradicional “Samir Flores Soberanes” a sus copropietarios; la cancelación de proyectos carreteros y de cualquier megaproyecto impuesto sin consulta previa; el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de las personas detenidas; así como una investigación sobre los presuntos vínculos entre grupos criminales y autoridades en Guerrero. También reclamaron el fin de toda forma de criminalización contra quienes defienden la tierra y la autonomía de los pueblos originarios.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a colectivos sociales, organismos defensores de derechos humanos, medios de comunicación, académicos y pueblos de México y del extranjero para mantenerse atentos a la situación que enfrentan las comunidades indígenas involucradas y expresar solidaridad con sus demandas. El pronunciamiento fue respaldado por decenas de organizaciones civiles, colectivos, redes de apoyo y personas defensoras de derechos humanos de México y diversos países.
