El Congreso Nacional Indígena (CNI) rechazó de manera frontal la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y acusó al Gobierno de México de realizar un proceso de consulta que, a su juicio, no garantiza una participación previa, libre, informada y de buena fe.

En un posicionamiento difundido el 19 de agosto, el CNI sostuvo que la iniciativa representa una amenaza para la autonomía, la libre determinación y la defensa de los territorios de los pueblos originarios, y cuestionó particularmente el papel que desempeña el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), encabezado por Adelfo Regino Montes.

La postura del CNI ocurre mientras el Gobierno federal mantiene en marcha un proceso nacional de consulta que contempla la participación de 16 mil 728 comunidades de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano. De acuerdo con la convocatoria oficial, el proyecto será presentado a la Cámara de Diputados el próximo 12 de octubre, una vez concluida la etapa de consulta y adecuación de la iniciativa.

El choque entre ambas posiciones coloca en el centro de la discusión una pregunta de fondo: quién debe tener la última palabra sobre las reglas que definirán el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Una iniciativa que el Gobierno presenta como histórica

La administración de Sheinbaum ha presentado la propuesta como uno de los principales instrumentos para desarrollar la reforma constitucional al artículo 2, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Gobierno federal sostiene que la nueva legislación busca garantizar derechos relacionados con la libre determinación, autonomía, participación política, territorio, patrimonio cultural, consulta y consentimiento libre, previo e informado, así como derechos específicos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y población indígena y afromexicana migrante.

La propuesta está estructurada en ocho libros y un régimen transitorio. Entre sus ejes se encuentran el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público; la libre determinación y autonomía; los derechos de los pueblos afromexicanos; los derechos de mujeres, niñez y juventud; la atención a personas migrantes y grupos en situación de vulnerabilidad; la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, y los procedimientos, responsabilidades, sanciones y mecanismos de amparo indígena y afromexicano.

El INPI ha defendido el proceso como un ejercicio nacional destinado a recoger opiniones, propuestas y planteamientos de las comunidades antes de que el proyecto sea enviado al Congreso. En junio, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas aprobó por unanimidad la propuesta elaborada por el Comité Técnico Asesor y estableció la ruta para la consulta nacional.

El Gobierno también ha informado que la iniciativa será traducida a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México y que la consulta contempla 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo.

Sin embargo, para el CNI, estas características no son suficientes para considerar legítimo el proceso.

El CNI acusa una “simulación” de consulta

En su pronunciamiento, el Congreso Nacional Indígena asegura que la propuesta contiene 453 artículos relacionados con autonomía, libre determinación, jurisdicción, consulta, territorio, amparo indígena, patrimonio, salud, cultura y reconocimiento como sujetos de derecho público.

Su cuestionamiento principal no se limita al contenido de la iniciativa, sino que alcanza la manera en que se está realizando la consulta.

El CNI considera insuficiente que un proyecto de esa extensión pueda ser explicado, analizado y discutido durante reuniones regionales de entre tres y cinco horas. También pone en duda que el periodo previsto entre agosto y septiembre permita consultar adecuadamente a todos los pueblos y comunidades, incorporar las traducciones a las lenguas indígenas y procesar las observaciones antes de que el proyecto sea enviado al Poder Legislativo.

“¿Será que una ley tan extensa de 453 artículos alcance para ser explicada, entendida, analizada y comentada en una reunión regional de 3 a 5 horas?”, cuestionó la organización.

El Gobierno federal, por su parte, sostiene que la consulta está diseñada precisamente para recoger las opiniones de las comunidades y modificar la propuesta antes de su presentación al Congreso. La ruta oficial establece una etapa informativa, deliberaciones regionales y posteriormente un periodo para estudiar y adecuar la iniciativa entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre.

El INPI informó además que, al 24 de julio, la etapa informativa había alcanzado a 16 mil 248 de las 16 mil 728 comunidades convocadas, equivalente al 97 por ciento, y que el proceso continuaría con las asambleas regionales y mesas de trabajo.

Para el CNI, no obstante, el problema es de fondo: considera que el procedimiento no cumple con las condiciones que deberían permitir una deliberación auténtica de los pueblos.

La organización afirma que no existe una etapa suficiente de acuerdos previos, información, deliberación, consulta y seguimiento de los acuerdos alcanzados. Por ello, sostiene que el proceso estaría orientado a otorgar una justificación administrativa a una iniciativa que, desde su perspectiva, ya estaría definida.

El territorio, la disputa central

Detrás de las críticas del CNI aparece uno de los asuntos más sensibles para los pueblos originarios: el control sobre sus territorios y sobre los recursos naturales existentes en ellos.

El Congreso Nacional Indígena sostiene que la iniciativa mantiene una lógica que, en su interpretación, favorece el acceso de grandes capitales a territorios indígenas y facilita proyectos relacionados con la explotación de bienes comunes.

El posicionamiento acusa que la propuesta mantiene elementos de lo que denomina “proyecto neoliberal” y relaciona esa preocupación con la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 y con décadas de conflictos derivados de proyectos extractivos, infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales.

Una de sus principales objeciones se refiere a los recursos considerados estratégicos para la nación. El CNI sostiene que, cuando se trata de agua, petróleo, fracking, litio y minerales, la libre determinación de los pueblos queda limitada porque, según su interpretación, las comunidades podrían ser consultadas, pero no necesariamente tendrían capacidad para decidir si determinados proyectos se realizan o no en sus territorios.

Esta posición contrasta con la explicación oficial del Gobierno, que presenta la iniciativa precisamente como un mecanismo para hacer efectivo el derecho a la libre determinación y autonomía y para establecer reglas de consulta y consentimiento frente a medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos y comunidades.

La diferencia no es menor. En el fondo, se trata de determinar hasta dónde llega la autonomía indígena cuando entra en juego el interés nacional sobre determinados recursos y proyectos.

El registro de comunidades, otro punto de conflicto

El CNI también cuestionó el mecanismo de registro y catalogación de pueblos y comunidades indígenas que, según su lectura de la propuesta, podría convertir al INPI en una autoridad con capacidad para determinar qué comunidad puede acreditar formalmente su condición para ejercer determinados derechos.

La organización considera que esto podría afectar el principio de autoadscripción y abrir la puerta a una intervención burocrática en la vida interna de los pueblos.

Para el CNI, el reconocimiento jurídico no debería depender de una validación administrativa que pueda convertirse en una condición para ejercer derechos colectivos.

Esta crítica se conecta con una preocupación más amplia expresada por la organización: que el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público no termine subordinado a procedimientos diseñados desde las instituciones del Estado.

El Gobierno federal sostiene, en cambio, que precisamente uno de los objetivos centrales de la iniciativa es reconocer jurídicamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para fortalecer su autonomía y su participación en la vida pública.

Pluralismo jurídico bajo disputa

Otro de los terrenos donde el CNI observa riesgos es el reconocimiento del pluralismo jurídico.

La propuesta oficial contempla disposiciones para reconocer los sistemas normativos indígenas y establecer mecanismos de coordinación entre estos sistemas y las instituciones del Estado mexicano. El INPI ha señalado que la iniciativa busca desarrollar constitucionalmente la autonomía indígena y establecer las bases para que pueda ejercerse en distintos niveles.

El CNI considera que ese reconocimiento podría quedar limitado por procedimientos de competencia y coordinación con las autoridades estatales.

Desde su perspectiva, el reconocimiento formal de los sistemas normativos indígenas pierde fuerza si las instituciones gubernamentales conservan la capacidad de determinar cuándo una cuestión corresponde a la jurisdicción indígena y cuándo debe intervenir el sistema jurídico estatal.

La organización lo plantea como una contradicción entre reconocer la autonomía en el papel y mantener mecanismos institucionales que, en la práctica, podrían limitarla.

Una disputa que también mira al pasado

El posicionamiento del CNI no puede separarse de su propia historia.

La organización recuerda que surgió hace tres décadas, a partir de la convocatoria de comunidades vinculadas al movimiento zapatista, en un contexto marcado por la discusión nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y los Acuerdos de San Andrés.

En su pronunciamiento, el CNI reivindica aquella historia y la Marcha del Color de la Tierra como antecedentes de una lucha que, a su juicio, terminó con el reconocimiento constitucional de derechos considerados insuficientes frente a las demandas originales de los pueblos.

Por eso, su crítica a la iniciativa de Sheinbaum no es únicamente jurídica. También es política, histórica y territorial.

El CNI sostiene que existe el riesgo de repetir una historia que los pueblos originarios conocen desde hace décadas: participar en procesos de diálogo y consulta para después descubrir que los acuerdos alcanzados no se reflejan íntegramente en las leyes aprobadas.

La referencia a la modificación de los Acuerdos de San Andrés en 2001 es particularmente significativa para la organización, porque representa uno de los episodios que alimentan su desconfianza frente al Estado mexicano.

Gobierno defiende un proceso “previo, libre e informado”

Frente a estas acusaciones, la versión oficial es distinta.

La administración federal ha denominado el procedimiento como una Consulta Previa, Libre e Informada y ha establecido formalmente un esquema que incluye información, deliberación y adecuación de la propuesta.

El 24 de julio, el Gobierno instaló un Comité Técnico Interinstitucional integrado por dependencias relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En ese acto, autoridades federales aseguraron que el proceso tendría carácter informado y respetaría los derechos de las comunidades.

La Consejería Jurídica también pidió realizar una revisión profunda de la propuesta para incorporar las observaciones que surgieran durante las consultas, mientras que el INPI señaló que los resultados de las asambleas permitirían fortalecer el texto antes de su presentación al Congreso.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado el proceso como un ejercicio histórico y como parte de la transformación jurídica derivada de la reforma constitucional en materia indígena. Al anunciar la consulta, sostuvo que la propuesta sería mejorada a partir de lo que expresaran los pueblos antes de ser enviada al Congreso.

Así, mientras el Gobierno habla de una consulta destinada a construir y perfeccionar la legislación, el CNI sostiene que se trata de una consulta diseñada para validar una iniciativa previamente elaborada.

El reclamo por Jesús Plácido Galindo

El pronunciamiento del CNI también incorpora una exigencia relacionada con la situación de Jesús Plácido Galindo, a quien identifica como integrante de sus comunidades en resistencia.

La organización exige su liberación inmediata y sostiene que una consulta indígena no puede considerarse libre ni realizada de buena fe mientras existan presos políticos indígenas.

La situación de Plácido Galindo ha sido reportada previamente en el contexto de las demandas de organizaciones indígenas de Guerrero. En junio, se informó que el dirigente del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata había solicitado una mesa de seguridad con autoridades federales.

En su comunicado del 19 de agosto, el CNI vinculó directamente este caso con su rechazo al proceso de consulta y denunció lo que considera hostigamiento, represión y violencia contra pueblos que ejercen su autonomía.

El debate apenas comienza

La confrontación alrededor de esta iniciativa ocurre antes de que el proyecto llegue formalmente al Congreso de la Unión.

La ruta establecida por el Gobierno contempla que la consulta continúe durante agosto y septiembre, que entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre se analicen y adecuen las propuestas surgidas de las comunidades y que el 12 de octubre el proyecto sea entregado a la Cámara de Diputados.

El Congreso Nacional Indígena, sin embargo, ya fijó su posición: rechaza tanto el contenido de la iniciativa como el mecanismo mediante el cual está siendo consultada.

La discusión tendrá consecuencias que van más allá de una reforma legal. En juego están conceptos que durante décadas han formado parte de las luchas indígenas en México: autonomía, territorio, sistemas normativos, identidad, autoadscripción, participación y capacidad efectiva para decidir sobre el futuro de las comunidades.

Para el Gobierno de Sheinbaum, la nueva ley pretende convertir en derechos efectivos los avances constitucionales y establecer, por primera vez, un marco general que articule las obligaciones del Estado mexicano frente a los pueblos indígenas y afromexicanos.

Para el CNI, en cambio, la propuesta corre el riesgo de convertir esos derechos en procedimientos burocráticos y de mantener intacta una relación histórica en la que las comunidades son escuchadas, pero no necesariamente tienen la última palabra.

La diferencia entre ambas visiones marcará el camino hacia octubre. Y será precisamente en las comunidades, en sus asambleas y en las discusiones sobre sus territorios donde se pondrá a prueba si la consulta logra convertirse en una verdadera deliberación colectiva o si, como acusa el Congreso Nacional Indígena, termina siendo solamente el último paso de un proyecto ya decidido.