Morena aprovechó una sesión extraordinaria celebrada el domingo 16 de agosto para modificar la forma en que se repartirán las diputaciones de representación proporcional en Zacatecas, a menos de tres meses de que, de acuerdo con declaraciones de legisladores locales, inicie formalmente el proceso electoral de 2027. La decisión alteró los acuerdos que mantenían unidos a Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), provocó la expulsión de los tres diputados locales del Verde que votaron a favor y abrió la puerta a una nueva batalla jurídica por las reglas con las que se elegirá el próximo Congreso estatal.
El cambio puede parecer técnico, pero detrás de las fórmulas para distribuir las llamadas plurinominales se encuentra una discusión mucho más profunda: quién tendrá mayores posibilidades de ocupar una curul en el Congreso y, sobre todo, quién tendrá el control político de esas candidaturas.
La LXV Legislatura de Zacatecas está integrada por 30 diputaciones: 18 corresponden a quienes ganan directamente en los distritos de mayoría relativa y 12 se asignan mediante representación proporcional. La reforma aprobada modificó precisamente el mecanismo para distribuir esas 12 posiciones. A partir del próximo proceso electoral, seis continuarán asignándose mediante las listas que registren los partidos, mientras que las otras seis corresponderán a candidaturas de mayoría relativa que hayan perdido su distrito, pero obtenido los porcentajes de votación más altos dentro de su propia fuerza política.
Son los llamados “mejores perdedores”.
La figura introduce un cambio sustancial en la relación entre los partidos, sus dirigencias y quienes compiten directamente ante los electores. Morena sostiene que el propósito es quitar a las cúpulas partidistas el control sobre las candidaturas plurinominales y permitir que lleguen al Congreso perfiles que hayan demostrado respaldo ciudadano en las urnas. El diputado morenista Santos González Huerta defendió que el nuevo mecanismo busca que sea la ciudadanía y no los dirigentes partidistas quien determine quién ocupa esos espacios.
Pero la oposición ve el asunto desde el extremo contrario.

El argumento central de los críticos es que el nuevo sistema puede beneficiar a las fuerzas políticas con mayor estructura territorial, mayor capacidad para postular candidaturas competitivas y, por tanto, más posibilidades de colocar candidatos entre los seis “mejores perdedores”. El cambio no altera formalmente el número total de diputaciones de representación proporcional, pero sí modifica la puerta de entrada a la mitad de ellas.
Ahí aparece el principal debate político de la reforma.
En una elección en la que un partido tenga presencia competitiva en prácticamente todos los distritos, tendrá más oportunidades de colocar candidatos en esa segunda lista. En cambio, una fuerza política con presencia territorial limitada puede obtener un porcentaje importante de votos en el conjunto del estado y aun así tener menos posibilidades de convertirlos en curules si sus candidatos no aparecen entre los seis perdedores con mayor votación dentro de cada fuerza.
La oposición ha advertido precisamente que esa mecánica puede reducir la pluralidad del Congreso y favorecer a los partidos con mayor estructura. El dirigente nacional del PVEM, Carlos Puente Salas, acusó a Morena de haber cometido una “traición a los aliados” y calificó la sesión dominical como un “domingazo”. El Verde sostuvo que el cambio afecta la competitividad y la representación de las fuerzas minoritarias.
La tensión no se quedó en el discurso.
Los tres diputados locales que integraban la bancada del PVEM —Lindyana Bugarín Cortés, Georgia Fernanda Miranda Herrera y José Luis González Orozco— votaron junto con Morena a favor de la reforma. El lunes, la dirigencia nacional del Verde informó que los tres dejaron de pertenecer al partido a partir del 16 de agosto y comunicó su expulsión, con lo que la bancada del PVEM quedó disuelta.
El episodio resulta particularmente significativo porque Morena y el Verde habían construido una alianza electoral y legislativa que pretendía mantenerse de cara a los comicios de 2027. La reforma zacatecana terminó convirtiéndose en una grieta visible dentro de esa relación.
El PVEM consideró que la modificación fue llevada al pleno sin respetar los acuerdos políticos alcanzados entre los aliados. Carlos Puente incluso planteó la posibilidad de recurrir a una controversia constitucional para intentar revertirla.
Por ahora, lo verificado es que existe la amenaza y la intención de impugnar; no que la Suprema Corte haya recibido ya una controversia promovida específicamente contra esta reforma. La diferencia es importante porque la batalla jurídica apenas comienza.
El PRI también anunció que buscará combatir jurídicamente el cambio. El dirigente estatal y diputado Carlos Peña Badillo advirtió que recurrirían a una controversia constitucional y cuestionó que una modificación de esta naturaleza se aprobara mediante una reserva incorporada durante la propia sesión.
La ruta hacia la Corte podría convertirse así en el siguiente capítulo de una disputa que comenzó en el Congreso local.

La forma en que ocurrió la aprobación también alimentó el conflicto. La sesión extraordinaria se realizó el domingo 16 de agosto y el dictamen original sufrió una modificación de fondo mediante una reserva presentada por Morena. El primer dictamen fue aprobado con 16 votos a favor y 11 en contra; posteriormente, la reserva que cambió la distribución de las 12 diputaciones de representación proporcional fue avalada con 17 votos a favor y 12 en contra, de acuerdo con el recuento publicado por NTR Zacatecas.
La velocidad del procedimiento y el momento político hicieron que el fondo electoral se mezclara con la lucha por la candidatura a la gubernatura.
Zacatecas renovará la gubernatura en 2027 y las diferencias entre los partidos que integran la coalición gobernante ya eran evidentes antes de la reforma. El PT atraviesa una confrontación política con el gobernador David Monreal y con sectores de Morena, mientras la senadora Geovanna Bañuelos se encuentra entre los perfiles que buscan encabezar el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado. La propia dirigencia petista había advertido días antes que todavía no era momento de definir una alianza para los comicios del próximo año y que las decisiones tendrían que tomarse en mesas nacionales.
En ese contexto, el PT votó contra la reforma electoral en el Congreso de Zacatecas.
La fractura resulta llamativa porque ocurre mientras, a nivel nacional, Morena enfrenta resistencias de sus aliados frente a la discusión de las reglas electorales. El PVEM y el PT han defendido sus espacios de representación y han expresado desacuerdos con propuestas federales que consideran capaces de reducir su presencia legislativa. Zacatecas muestra ahora un escenario distinto: una reforma local consiguió avanzar pese a la oposición de uno de los aliados tradicionales de Morena y a la ausencia de un acuerdo con el PT.
El propio debate deja al descubierto una paradoja.
Morena defiende la reforma como una forma de democratizar las plurinominales y quitar poder a las dirigencias partidistas. La oposición responde que el mecanismo puede terminar favoreciendo precisamente a la fuerza política que cuenta con mayor presencia territorial. La discusión, por tanto, no se limita a decidir si las listas partidistas son mejores o peores, sino a determinar si el nuevo modelo convierte el éxito electoral de un partido en una ventaja adicional para ocupar espacios de representación proporcional.

El morenista Jesús Padilla Estrada rechazó que la reforma tenga como objetivo generar una sobrerrepresentación y aseguró que no se está buscando un “agandalle”. Desde Morena también se ha insistido en que el mecanismo no incrementa ni reduce por sí mismo el número de diputaciones que puede obtener cada partido, sino que modifica la manera en que se determina quién ocupa las posiciones de representación proporcional.
Ese será precisamente uno de los puntos que tendrá que resolver, en su caso, la justicia electoral y constitucional: si el nuevo diseño mantiene los principios de proporcionalidad, pluralidad y representación establecidos en el marco constitucional o si genera efectos que favorecen de manera indebida a las fuerzas con mayor presencia territorial.
Por eso Zacatecas puede convertirse en mucho más que una disputa local.
La reforma constituye un precedente sobre la capacidad de los congresos estatales para rediseñar, dentro del marco constitucional, los mecanismos mediante los cuales se integra una legislatura. Si sobrevive a las impugnaciones y posteriormente es aplicada en 2027, el modelo podría convertirse en referencia para otros estados que busquen modificar sus sistemas de representación.
No significa, por ahora, que Morena tenga un plan nacional para replicarlo en todas las entidades. Esa afirmación no está acreditada. Lo que sí existe es un cambio aprobado en Zacatecas que abre una discusión de alcance nacional sobre hasta dónde pueden llegar las legislaturas locales al modificar las reglas de representación proporcional antes de una elección.
Y el momento no es menor.
El propio diputado petista Alfredo Femat había señalado el 14 de agosto que el proceso electoral de Zacatecas comenzaría hasta noviembre. Dos días después, el Congreso aprobó el cambio que regirá la asignación de la mitad de las diputaciones plurinominales.
Entre el calendario electoral y la decisión legislativa quedaron atrapados los partidos, sus alianzas y una disputa que amenaza con prolongarse durante los próximos meses.
Para Morena, la reforma representa una oportunidad para presentar candidatos que, aunque no ganen sus distritos, hayan demostrado fuerza electoral. Para el PVEM, constituye una ruptura de los acuerdos y un golpe a la pluralidad. Para el PRI, abre un problema de constitucionalidad. Para el PT, se suma a una relación cada vez más tensa con el grupo político del gobernador David Monreal.
Y para Zacatecas, significa que las reglas con las que se elegirá el próximo Congreso ya no son las mismas que conocían los partidos.