En el marco de la discusión en el Senado sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, expresó una de las críticas más contundentes de la oposición al llamado “Plan B”, al advertir que la iniciativa no fortalece la democracia, sino que abre espacios para la concentración de poder y vulnera principios constitucionales.
Durante su intervención, Colosio sostuvo que su partido ha impulsado históricamente mecanismos como la revocación de mandato, la reducción de privilegios y la defensa del federalismo, pero subrayó que no pueden respaldar una propuesta que, en su opinión, utiliza estos conceptos como argumento discursivo mientras los contradice en su contenido normativo. Señaló que los objetivos de austeridad que se plantean ya están contemplados en el artículo 127 constitucional, por lo que el problema no es la falta de legislación, sino su aplicación efectiva.
El legislador advirtió que la propuesta implica una sobrerregulación de aspectos ya legislados y cuestionó que, bajo la narrativa de eliminar privilegios, se intente introducir una figura de revocación de mandato que, según dijo, podría convertirse en un mecanismo de ratificación política. Afirmó que esto atentaría contra la naturaleza de este instrumento de democracia participativa, que debe ser ciudadano, imparcial y equitativo para ser legítimo.
Uno de los puntos centrales de su crítica fue la falta de certeza jurídica en la iniciativa. Colosio explicó que el proyecto no establece fechas claras para solicitar ni para llevar a cabo la revocación de mandato, dejando márgenes temporales abiertos que podrían ser utilizados discrecionalmente por el gobierno. En su análisis, esta ambigüedad rompe con el principio de certeza que debe regir cualquier proceso electoral y otorga ventaja a quien detenta el poder.
Asimismo, cuestionó que la propuesta permita explícitamente que la titular del Ejecutivo federal promueva el voto a su favor durante un eventual proceso de revocación. A su juicio, esto rompe el principio de equidad en la contienda, al permitir el uso de la investidura presidencial y de los canales institucionales de comunicación para influir en el resultado de un ejercicio en el que la propia figura presidencial estaría siendo evaluada.
En ese contexto, lanzó una crítica directa al papel del Ejecutivo federal al señalar que “la responsabilidad de la presidenta no es levantar a Morena, es levantar al país”, aludiendo a lo que calificó como un intento de utilizar este mecanismo con fines políticos y partidistas. Consideró que promover la participación de la mandataria en una campaña de esta naturaleza sería un acto de negligencia institucional.
Colosio también abordó el tema de la comunicación gubernamental, al advertir que la prohibición de propaganda planteada en la iniciativa resulta inaplicable en la práctica. Señaló que espacios como las conferencias matutinas de la Presidencia tienen un alcance masivo y no encuadran en las restricciones tradicionales de la legislación electoral, lo que, en su opinión, deja intacto un instrumento con alta capacidad de influencia política.
El senador enfatizó que la Constitución, en sus artículos 41 y 134, prohíbe el uso de recursos públicos y del cargo para incidir en las preferencias electorales, y advirtió que la iniciativa, lejos de reforzar estos principios, podría abrir la puerta a prácticas contrarias a la equidad democrática.
Otro de los ejes de su intervención fue la defensa del federalismo. Colosio criticó que la reforma pretenda imponer desde el ámbito federal límites presupuestales y de estructura a congresos locales y ayuntamientos, sin considerar la diversidad de condiciones entre los más de dos mil municipios del país. Afirmó que esta medida vulnera el Pacto Federal y desconoce la soberanía de las entidades para organizar su régimen interno, como lo establecen los artículos 115, 116 y 124 constitucionales.
En ese sentido, advirtió que una regulación uniforme para realidades desiguales no solo es ineficaz, sino injusta, al ignorar las necesidades específicas de cada región. Cuestionó además que, teniendo mayoría en varios congresos locales, las fuerzas impulsoras de la reforma no opten por implementar estos cambios a nivel estatal, en lugar de centralizar decisiones desde la federación.
Finalmente, el legislador puso en duda los ahorros económicos que se argumentan como beneficio de la reforma, al señalar que no están claramente sustentados en el dictamen. Contrastó esta cifra con una propuesta previa de Movimiento Ciudadano que, afirmó, generaría ahorros significativamente mayores sin comprometer principios democráticos.
Con ello, Colosio dejó clara la postura de su bancada al anticipar que no acompañarán la reforma electoral, al considerar que no fortalece la participación ciudadana ni las instituciones democráticas, sino que responde a una lógica de consolidación del poder político desde el gobierno federal.
