El gobierno de Argentina formalizó la inclusión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lista de organizaciones terroristas, en una decisión que marca un giro significativo en su política de seguridad y alinea al país sudamericano con estrategias impulsadas previamente por Estados Unidos en el combate al crimen organizado transnacional.
De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la administración del presidente Javier Milei, la determinación se sustenta en informes que documentan las “actividades ilícitas transnacionales” del CJNG, así como sus presuntos vínculos con otras estructuras consideradas terroristas. La clasificación habilita al Estado argentino a aplicar sanciones financieras, congelar activos y restringir cualquier operación vinculada al grupo dentro de su jurisdicción.
El CJNG es señalado por autoridades internacionales como una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor capacidad operativa en México y otros países. Su estructura flexible y expansión internacional le han permitido consolidarse como un actor clave en el tráfico de drogas —particularmente metanfetaminas y fentanilo— además de participar en actividades como extorsión, tráfico de armas y control territorial mediante violencia sistemática.

La decisión del gobierno argentino se produce en un contexto regional e internacional en el que crece la presión para catalogar a los grandes cárteles como organizaciones terroristas. Estados Unidos ya había adoptado una medida similar, en un intento por ampliar las herramientas legales para combatir a estos grupos, mientras que México ha mantenido una postura distinta al considerar que los cárteles persiguen fines económicos y no políticos.
El anuncio también se inscribe en una política más amplia de la administración Milei orientada a reforzar el marco legal contra el terrorismo. En los últimos años, Argentina ha incorporado a su lista a organizaciones como Hamás, Hezbollah y la Fuerza Quds de Irán, además de otros grupos señalados por su participación en actividades violentas o ilícitas a nivel internacional.
La inclusión del CJNG en este registro representa un precedente relevante en América Latina, donde históricamente ha existido reticencia a equiparar a los cárteles de la droga con organizaciones terroristas. Analistas advierten que este tipo de decisiones puede tener implicaciones diplomáticas y jurídicas, particularmente en la cooperación internacional en materia de seguridad, inteligencia financiera y persecución penal.